La iniciativa propone incorporarlas al Plan Estatal de Búsqueda, darles voz en la designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda y establecer mecanismos para salvaguardar su integridad física, emocional y psicológica.
HERMOSILLO, Sonora, 12 de noviembre de 2026.- El Congreso del Estado de Sonora recibió una iniciativa para reconocer expresamente en la legislación a los colectivos de madres buscadoras, garantizar su participación en las decisiones institucionales sobre la localización de personas desaparecidas y establecer medidas para proteger su integridad. La propuesta plantea reformas a la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado y aún debe ser analizada por las comisiones legislativas.
El proyecto fue presentado por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Iris Fernanda Sánchez Chiu, con el respaldo del legislador Emeterio Ochoa Bazúa. Durante la sesión ordinaria, la iniciativa fue recibida por el Pleno y turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y posterior dictaminación. Las modificaciones todavía no han sido aprobadas ni están vigentes.
Qué plantea la iniciativa para reconocer a las madres buscadoras
Uno de los objetivos centrales es incorporar en la ley la figura de los colectivos de madres buscadoras, agrupaciones de la sociedad civil integradas principalmente por mujeres que participan en actividades de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
La propuesta busca que estas organizaciones tengan participación directa en la planeación, coordinación, diseño y evaluación del Plan Estatal de Búsqueda. También plantea establecer mecanismos permanentes de comunicación con la Comisión Estatal de Búsqueda, para que las experiencias y la información que aportan las familias sean consideradas en las acciones institucionales.
Otro punto consiste en incluir a los colectivos en los procesos de consulta pública para designar a la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. De esta manera, sus integrantes podrían expresar sus opiniones y aportar su experiencia en un procedimiento relacionado con la conducción de las labores estatales de localización.
El proyecto también plantea que la información que los colectivos proporcionen sobre casos de desaparición sea remitida de manera inmediata a la Fiscalía Especializada competente, sin suspender ni retrasar las acciones de búsqueda.
Protección física, emocional y psicológica durante las búsquedas
La iniciativa contempla mecanismos de protección con perspectiva de género para salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica de las madres buscadoras. Las medidas también considerarían a sus familiares y a otras personas que participen en las jornadas de búsqueda.
La propuesta responde a los riesgos, amenazas y condiciones de inseguridad que enfrentan quienes realizan labores de campo; busca que la protección institucional incluya acompañamiento y medidas de resguardo.
Sánchez Chiu, la legisladora que presentó el proyecto ante el congreso, señaló que las madres buscadoras han asumido tareas de localización de sus familiares y enfrentan condiciones difíciles, falta de recursos y riesgos para su integridad.
“Ninguna madre debería tener que salir a buscar a su hijo por sus propios medios, mucho menos poniendo en riesgo su vida”, expresó la legisladora.
La iniciativa no busca trasladar la responsabilidad del Estado
Sánchez Chiu sostuvo que el reconocimiento legal de los colectivos no pretende transferirles las obligaciones que corresponden a las autoridades. Explicó que el propósito es establecer espacios formales de participación y reforzar el deber del gobierno de acompañar y proteger a quienes buscan a sus familiares.
“Las madres buscadoras no están pidiendo privilegios. Están buscando a sus hijos y a sus familiares. Lo mínimo que podemos hacer desde el Congreso es reconocerlas expresamente en nuestra legislación, escuchar su voz y fortalecer su protección”, manifestó.
La iniciativa propone modificar diversos artículos de la ley estatal, entre ellos los numerales 4, 36, 42, 43 y 51. El contenido deberá ser revisado por la Comisión de Derechos Humanos y, en su caso, continuar el procedimiento legislativo correspondiente.
Mientras no exista un dictamen aprobado por el Congreso, las medidas de participación y protección planteadas no pueden considerarse derechos incorporados mediante esta reforma. La discusión legislativa definirá si el reconocimiento de los colectivos y los mecanismos de seguridad propuestos se integran a la normativa de Sonora.
Información de medios.
MAMD
