Este proyecto de seguridad contempla la creación de la Guardia Nacional.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Alfonso Durazo entregó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad en la cual, como ya se esperaba, se encuentra inmiscuida la Guardia Nacional, que ha sido puesta dentro del documento como uno de los ejes principales para «garantizar con mayor eficacia la seguridad pública».
Durazo hizo entrega de este documento a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien recibió el documento y señaló que en el segundo periodo de sesiones que recién inicia, se daría entrada al mismo para su discusión.
Esto, en apego a la reforma política de 2014, en las modificaciones a los artículos 69 y 76, en donde se indica que el presidente podrá poner a consideración del Legislativo la discusión y aprobación de su estrategia de seguridad. En dicho artículo, se especifica que el mandatario federal deberá rendir cuentas anualmente sobre el estado de la implementación de su proyecto.
Cabe señalar que, en contra parte, el artículo 76 contempla que si la estrategia no es puesta a discusión en el plazo que disponga la ley y si el Senado no se pronuncia en dicho plazo, la estrategia será entendida como aprobada.
Por su parte Durazo reiteró que es de vital importancia que este documento sea aprobado en el Senado, puesto que se contempla una estrategia amplia para hacer frente al problema de inseguridad. En él, subrayó, se prevé dar solución a las problemáticas que originan la violencia y que van desde temas económicos y de prevención para los jóvenes. La estrategia cuenta con ocho ejes elementales, mismos que concluyen con la creación de la Guardia Nacional.
Esta ley que ya ha sido avalada por la Cámara de Diputados, entrará en discusión en este segundo periodo de sesiones, la cual dio inicio el de febrero y terminará el próximo 30 de abril.
Como es sabido, la Guardia Nacional es un tema que diversas organizaciones han cuestionado, puesto que se prevé la formación de un cuerpo policial con elementos del ejército, la marina y la policía federal, quienes tendrán la tarea de salvaguardar la seguridad sin un marco jurídico que avale su actuar. El tema central radica en que las Fuerzas Armadas han actuado a conveniencia en diversas ocasiones, lo que ha causado desconfianza y ha encendido los focos rojos en organizaciones dedicadas a la vigilancia en el ejercicio de los derechos humanos.
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