Son periodistas que han logrado huir de las amenazas de muerte.
Jan-Albert Hootsen, del Comité para la Protección de Periodistas, señala que la «cifra negra» debe ser mayor, pues hay que sumar a quienes han huido del riesgo sin reportarse y sin resguardo.
En los últimos años, el ejercicio periodístico se ha convertido en uno de los principales blancos de la ola violenta que azota a México, y en lo que va de 2018 ya se han presentado los primeros casos, como el de Carlos Domínguez, quien fuera asesinado a puñaladas el pasado 13 de enero, en Tamaulipas.
Quienes han logrado huir de las amenazas de muerte, secuestros y atentados ahora viven lejos, en ciudades que, a sus ojos, son inseguras; radican en condición de refugiados, alejados de sus prioridades y sus empleos, es decir, han dejado de ejercer su profesión.
En dicho panorama, arropados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 16 comunicadores han sido desplazados en todo el país y más de diez ubicados en la CDMX; sin embargo, Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas, reflexiona que la «cifra negra» debe ser mayor, ya que a esta cantidad se suman quienes han huido del riesgo sin reportarse, y peor aún: sin resguardo alguno.
Pese a que el Mecanismo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pone a disposición de cada periodista desplazado 3 mil pesos semanales en vales para supermercado, alojamiento, una cantidad limitada para transporte, escoltas o botón de asistencia, a quienes vienen con familia e hijos pequeños no se les da cobertura para colegiaturas ni útiles escolares, además no hay fondos para médicos o medicinas, por lo que esa carencia significa otro factor de riesgo para el desplazado.
Derivado de este cáustico problema, en enero pasado, Fernando Olivas Ortiz, secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), quien acompañó al hijo de Carlos Domínguez a una conferencia en el Club de Periodistas, informó que ya se trabaja en una demanda de juicio político en contra del presidente Enrique Peña Nieto, misma que se gestiona ante la ONU, por omisión con respecto a los asesinatos de periodistas ocurridos en su administración.
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