La reforma con la que se tipifica este delito fue aprobada por la cámara de diputados locales en el Edomex
La cámara de diputados local del Edomex aprobó la reforma que permite que la violencia política sea tipificada como delito.
A partir de ahora, la violencia política en contra de las mujeres se encuentra tipificada en el Estado de México y se castigará con penas de seis meses y hasta dos años de prisión, así como multas de 50 a 300 días. En el caso de servidores públicos, las sanciones serán más altas en caso de que incurran en hostigamiento y acoso sexual, haciéndose acreedores a dos años de prisión, destitución o inhabilitación por tres años.
La violencia política es considerada como la obstaculización del quehacer político de una mujer, considerándose aquí el acceso a un cargo de elección popular, tomando en cuenta su debido desempeño o la inducción a la toma de decisiones en contra de su voluntad.
Esto se da a raíz de que los diputados locales aprobaron la reforma, la cual, anteriormente solo señalaba este delito si era llevado a cabo en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.
Otras ajustes avalados este lunes en el periodo extraordinario de sesiones son en materia de combate a la violencia contra la mujer para eliminar el plazo de 10 días que tenía la víctima para ratificar la denuncia que realice cualquier persona sobre delitos de violencia familiar, pues esos ilícitos se perseguirán de oficio.
Ahora, también se ha estipulado que tanto la Fiscalía General de Justicia, como la Comisión estatal de Seguridad deben actuar con perspectiva de género y actualizar de forma constante el banco de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres en la entidad para tener localizadas las zonas geográficas con mayor índice delictivo.
Otro cambio, fue incluir en la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en el apartado de definiciones además de la obstétrica, en el noviazgo y la política.
En el tema de violencia política, tanto el IEEM, como el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, el Poder Judicial, los gobiernos estatal y municipal tienen la obligación de organizar y dirigir las funciones públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.
HOY NOVEDADES/EDOMEX