Las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto al feminicidio que ocurrió a las puertas de Casa Jalisco ─su domicilio─ reflejan nada menos que la ausencia del estado de derecho, una labor para la cual fue elegido el actual mandatario, ergo, su incapacidad para ostentar ese cargo.

Dice el gobernador que el asesinato (feminicidio) de Vanessa Gaytán Ochoa no ocurrió por la falta de elementos de seguridad en la zona, tampoco por los pocos patrullajes del lugar sino ─y citamos─ «Me parece que este tipo de delitos pone de manifiesto el nivel de descomposición social que estamos viviendo».

El mandatario remata asegurando que este tipo de violencia pudo haber ocurrido al interior de un hogar, pues, «esta es violencia entre pareja (pero) ocurrió en el lugar más público que pudo haber existido».

Si eso que Alfaro dice «No puede ser» ocurrió a las puertas del recinto donde «gobierna», que esperanzas tienen las jaliscienses que no cuentan con seguridad personal, cámaras de vigilancia y decenas de uniformados resguardando el perímetro de sus hogares, de que la violencia a la que se enfrentan sea castigada y terminada por la actual administración.

Lejos de evidenciar lo que ya se sabe, que miles de mujeres mueren cada año en México producto de la violencia de género, el feminicidio de Vanessa nos obliga a preguntarnos qué están haciendo los gobernadores para poner fin a este mal. De poco nos sirve que descubran que «el tejido social está descompuesto» ─un secreto a voces para los mexicanos, sobre todo las clases más menesterosas─.

Cabe preguntarnos por qué el gobernador de Jalisco desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), cuáles son las medidas que su administración ha promovido para erradicar la violencia de género y para detener los crímenes contra ellas cada vez más atroces, que ─eso sí, como dijo Alfaro─ «ofenden, indignan y dan rabia».

Le recordamos al gobernador que uno de los principales promotores para que la violencia de género se mantenga, es la impunidad y la ausencia de justicia y castigo a los responsables; en otras palabras, un auténtico estado de derecho que garantice a los jaliscienses una vida en sociedad tranquila, digna y en paz: eso para lo cual  fue elegido ganador en las urnas.

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