La secretaria de Gobierno aseveró que en la capital están por debajo de la media nacional en ese rubro.
También explicó que adelantó que el gobierno capitalino implementará un protocolo entre distintas dependencias para detectar casos de mujeres posibles víctimas de violencia familiar y acoso.
A pesar de la existencia de múltiples denuncias de agrupaciones de mujeres sobre el incremento de feminicidios en la Ciudad de México, Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno local, aseveró que no es necesario declarar la Alerta por Violencia de Género (AVG).
«En la Ciudad de México la alerta de género no es necesaria, esa es la posición del gobierno. Estamos por debajo de la media nacional. La alerta no solamente se activa por la cantidad de feminicidios, más bien por políticas. Frente a eso, estamos teniendo políticas para enfrentar la violencia feminicida. Y de esas políticas, la ciudad tiene muchas», afirmó quien se define a sí misma como feminista.
Luego de este posicionamiento, adelantó que el gobierno de Miguel Ángel Mancera desarrollará y ejecutará un protocolo entre distintas dependencias para ubicar casos de mujeres en posible situación de víctimas de violencia familiar y acoso, para protegerlas con medidas cautelares y, con ello, evitar que se sumen a las cifras de feminicidios.
A pesar que desde el pasado 10 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) aceptó la solicitud de las organizaciones Justicia Pro Persona AC, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para considerar la declaratoria de AVG en la capital del país y de que las solicitantes argumentaron que de 2013 a 2016 se cometieron 260 feminicidios en este territorio, y que aumentó la desaparición de mujeres, presuntamente víctimas de trata de personas, la excandidata presidencial adelantó que la declaratoria de AVG no es necesaria en la ciudad porque el gobierno tiene políticas públicas para prevenir este tipo de delito.
Luego, adelantó que el gobierno mancerista trabaja en la implementación de un protocolo entre la Procuraduría General de Justicia local, las secretarías de Seguridad Pública, Salud y Desarrollo Social para prevenir la comisión de violencia contra la mujer.
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