No es que la clase política mexicana sea tolerante a todo tipo de comentarios, manifestaciones, mensajes en señal de repudio, etc., sino que tienen otra forma de cobrarse el odio que la sociedad o un sector tiene en su contra. La clase política prefiere hacerlo en su curul, al aprobar una reforma que tendrá contribuciones en todo el país, y celebrarlo como si se tratara de un partido de futbol en el que su equipo ha ganado el campeonato.
Sin embargo, a nivel gobierno la situación es distinta, son más personales, son más minuciosos. Acosan, indagan, difaman, mienten y se vanaglorian.
Muchos podremos ver la noticia que habla sobre el espionaje del gobierno mexicano a periodistas y organizaciones o dirigentes de ellas, sin embargo esa misma dejadez, tiene repercusiones severas. No nos damos cuenta de que se están transgrediendo nuestros derechos, quizás de la manera más simple y mucho menos nos percatamos que las secuelas no son tan banales.
Un mensaje de texto a los teléfonos celulares es suficiente para que el gobierno, a través de un software que debía ser usado para combatir al crimen organizado, se adentre a tu teléfono celular y robe tu información o pueda acceder a contactos para posteriormente, intimidar a través de mensajes con contenido explícitamente valioso.
Al respecto, el New York Times llevó a cabo una investigación muy minuciosa al respecto, perfectamente documentado y explicado.
Diversas organizaciones y periodistas nacionales han sido víctimas de esta herramienta, sin embargo, poco se habló de la situación a lo largo del día. Mediáticamente no pesó, pero cobra relevancia al ver que son los enemigos del gobierno quienes son atacados.
De acuerdo con el reportaje, «La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo», sin embargo, no existe una reglamentación que como tal restrinja el uso, es decir bloquee a quien sí y a quien no espiar, se trata de una situación exclusivamente ética, virtud que sabemos, no es característica de nuestro gobierno.
El reportaje se plantea una incógnita, ¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?. Pues sí, esta situación afectó a diversos activistas, pero la más grande incógnita es referente al fin que persiguen. La situación se puede indagar, pero podríamos deducir que se trata únicamente de monitoreas su siguientes acciones.
En el reportaje se puede leer un ataque a los integrantes GIEI, el grupo que estuvo a cargo de la investigación en torno al Caso Ayotzinapa, ahí, justo antes de salir a rendir un informe que plantearía inconsistencias en la investigación realizada por la PGR, se les hizo llegar un mensaje el cual se podía leer como un mensaje en apoyo por parte del gobierno federal, sin embargo, al momento de abrir el link, la página que abría se encontraba en blanco, dando apertura a la información contenida en el dispositivo.
Así se dieron los ataques a diversas organizaciones. Al respecto el gobierno mexicano no ha dado ninguna declaración, quiero suponer que por el peso mediático. Sin embargo lleva a re pensar el papel del estado en la vida social, en donde al parecer va más allá de la procuración de bienestar.
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