Fabricación de pruebas y faltas al debido proceso son algunas deficiencias presentadas por la PGR.
En tan solo dos semanas, la PGR ha sido blanco de dos descalabros que pueden definir el sexenio de Enrique Peña Nieto: El Caso Gordillo y el Caso Javier Duarte.
Dos grandes acontecimientos han tenido lugar en esta semana. La justicia mexicana se ve anulada ante la capacidad de un abogado para encontrar los huecos legales que la Procuraduría General de la República (PGR) ha armado en los expedientes de dos personajes singulares pero de gran relevancia en la vida política de nuestro país.
Entre los últimos golpes que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido se encuentra el caso de Elba Esther Gordillo, del cual ya hablamos en este espacio pero que siempre es útil recordar, dado el carácter histórico de nuestra labor.
En este punto recordamos brevemente el caso artificiosamente armado de la Maestra, quien fue detenida en febrero de 2013, cuando EPN apenas tenía tres meses de haber asumido el cargo de presidente de México. Rompiendo con la costumbre, el presidente iniciaba su gestión con un par de golpes claros y contundentes, el primero de ellos fue la firma del Pacto por México, en el cual logró la conjunción de los partidos opositores para crear un bloque que permitiera que las Reformas Estructurales fueran aprobadas sin problemas.
El segundo punto de quiebre fue la detención de la Maestra, sucedido de manera exprés, puesto que en tan solo tres meses Murillo Karam armó un expediente que incriminaba a Gordillo por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Tan solo siete meses más tarde, un juez le concedería un amparo para que no pisara la cárcel argumentando desde entonces que había fallas al debido proceso.
Un caso similar ha ocurrido con Javier Duarte, férreo ex gobernador de Veracruz, quien fue encarcelado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la PGR no pudo sostener los argumentos del primero, por lo que la defensa de Javier Duarte, tiene un lapso para pensar su nueva estrategia tomando en cuenta los nuevos delitos que la PGR podría o no, sumar.
La autoridad judicial optó por solicitar como medida cautelar la prisión preventiva, hecho que fue otorgado, por lo que «Javidu» seguirá en prisión. El nuevo rostro del PRI, como lo llamaba Enrique Peña Nieto, se convirtió en una vergüenza para la institución política y en cierta medida, puede culpársele de ser una de las piezas que provocaron la caída del dinosaurio en las pasadas elecciones presidenciales.
Ambos casos tienen dos engranes principales en común, el primero de ellos es la creación de fundamentos insostenibles o con argumentos carentes como lo son las faltas al debido proceso, el segundo de ellos tiene nombre y apellido: Marco Antonio del Toro.
¿Quién es? Un famoso abogado cuya firma despacha desde Guadalajara, ha logrado defender a varios personajes de la farándula, sin embargo son sus clientes políticos quienes mayor prestigió le han otorgado, entre ellos se encuentran los ya mencionados y se suman a la lista, el actual gobierno de Guadalajara y el ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.
La PGR inició el sexenio siendo una carta fuerte contra la delincuencia, pero terminó por cavar su propia tumba. El país, que clama justicia, se ve ante una institución débil, que viola la ley para fabricar pruebas sin fundamento y lo peor, que es testigo de su propio declive.
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