El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue condenado a indemnizar a la empresa de taxis Servicio de Excelencia por prácticas monopólicas, en un fallo histórico basado en la Ley Federal de Competencia Económica. Esta resolución sienta un precedente al aplicar por primera vez la legislación que permite indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de conductas anticompetitivas.
Resolución de la Cofece y fallo judicial
La sentencia, dictada por el entonces juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, se fundamentó en una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que declaró al AICM responsable de establecer cláusulas discriminatorias en convenios y tarifas con agrupaciones de taxistas que operaban en las terminales. Este fallo quedó firme porque los abogados del aeropuerto presentaron sus argumentos de apelación fuera del plazo establecido.
De acuerdo con la Cofece, el AICM favoreció a ciertos permisionarios de taxis al imponer condiciones desiguales, lo que contraviene el Artículo 134 de la Ley Federal de Competencia Económica. Esta normativa permite a los afectados por prácticas monopólicas demandar indemnización por la vía civil, además de las multas aplicadas por la Cofece.
Incidente de liquidación de daños
El pasado 5 de diciembre, el Juzgado Especializado en Competencia Económica, encabezado por Jonathan Bass Herrera, abrió un incidente de liquidación de daños para determinar el monto que el AICM deberá pagar. Servicio de Excelencia argumentó que sufrió afectaciones directas, ya que no pudo incrementar su flota de unidades ni acceder a descuentos en tarifas entre 2009 y 2010, beneficios que sí obtuvieron otros permisionarios.
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El AICM, por su parte, alegó que las prácticas monopólicas no afectaron directamente a Servicio de Excelencia, sino a otras empresas activas durante la investigación de la Cofece iniciada en 2013. Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento.
Precedente histórico en competencia económica
Este caso marca un hito en la aplicación de la ley mexicana en materia de competencia económica. Es la primera vez que una sentencia definitiva e inatacable obliga a un organismo público a indemnizar a una empresa privada por prácticas monopólicas, fortaleciendo la protección de la competencia en el país.
Con información de medios.
KJCS