Cinco años después del mayor desastre ambiental en la historia del país, empresarios, Gobierno y afectados siguen sin ponerse de acuerdo sobre las consecuencias y el resarcimiento de los daños.
Mientras Grupo México intenta desmarcarse de los señalamientos del Gobierno federal respecto al incumplimiento de las promesas hechas tras el desastre, la Secretaría de Salud se comprometió a atender a cada uno de los más de 22 mil afectados.
Los pobladores argumentan que no se construyó la Unidad de Vigilancia Epidemiológica —y en efecto no se construyó—, además de considerar que en los estudios realizados por la empresa mexicana no se tomaron en cuenta los impactos en la economía, turismo, comercio, ganadería y agricultura local.
Para Grupo México, sin embargo, no existe un informe que confirme lo dicho por los afectados, el agua, dicen, no presenta altos niveles de contaminación, además señalaron haber destinado 2 mil millones de pesos para resarcir el daño causado, todo ello sustentado por dependencias federales.
Lo cierto es que la promesa de la 4T para repartir justicia a los millones de mexicanos lastimados y afectados durante las pasadas administraciones sigue encontrando trabas que difícilmente podrá librar, si es cierto que la compañía Grupo México cumplió en tiempo y forma con la reparación del daño, lo hizo bajo la supervisión de sexenios altamente señalados por la corrupción. En el mejor de los casos, esperemos que los que mientan sean ellos, quienes ya no ostentan el poder.
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