El Congreso de la CDMX aprobó la Ley Ingrid, por lo que ahora, se podrá sancionar a los funcionarios que filtren fotos o videos de investigaciones relacionadas con delitos. El dictamen fue aprobado por unanimidad con 58 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se deberá reformar el artículo 239 del Código Penal de la Ciudad de México y entrará en vigencia una vez que los cambios sean publicados en el Diario Oficial de la capital.
Será sancionado todo aquel funcionario que «difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta fotos, videos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo» de forma indebida.
Las penas irán de dos a seis años de prisión y penas monetarias.
Si en los materiales difundidos se presentan cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, las penas se incrementan hasta en una mitad extra. Si el delito es cometido por una persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas se incrementan también hasta en una mitad más.
Dicha ley toma el nombre de Ingrid Escamilla, una mujer asesinada el 9 de febrero de 2020 en su departamento en la Gustavo A. Madero. Su asesino fue Francisco «N», quien además de quitarle la vida, posteriormente descuartizó y desolló el cadáver. Las fotografías del crimen fueron filtradas por agentes de la Fiscalía capitalina y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.
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