El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentó su informe sobre delitos de alto impacto en diciembre de 2017.
Colima, Baja California, Guerrero, Baja California Sur y Chihuahua lideran la tasa de homicidio a nivel nacional; en promedio, cada 18 minutos hay una víctima.
Desde hace alrededor de una década, la inseguridad se convirtió en una constante en nuestro país: una constante que se empezó a diseminar en algunas entidades que, históricamente, eran catalogadas como seguras; por ejemplo, Baja California Sur y Colima. Esta aseveración la pronunció Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en la presentación del reporte sobre delitos de alto impacto correspondiente a diciembre del año pasado.
Las cifras reveladas demuestran que los homicidios dolosos aumentaron un 5.9 por ciento más que en el 2011, año considerado el más violento desde 1997; se dio a conocer que la tasa de homicidios dolosos durante el último mes del año pasado es la más alta en la historia de nuestro país. Además, expuso que las carpetas de investigación para este tipo de homicidios aumentaron un 22.8 por ciento de 2016 a 2017, mientras que los homicidios culposos subieron un tres por ciento.
En relación con los estados que se han convertido en nuevos focos rojos en el país ―Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas― el ONC aseveró que esto implica un gran desafío en materia de seguridad que necesita la atención de las autoridades, mismas que deben llevar a cabo «trabajos coordinados» en pro de mejorar esta situación.
Empero, son múltiples las fallas de las políticas públicas en el rubro de seguridad local, condición que pone en riesgo a los ciudadanos en las calles. Muestra de ello es que el robo con violencia se incrementó un 34.13 por ciento. Pero también delitos como las extorsiones; el robo a casa habitación, a comercio, a transeúnte y de automóviles aumentaron; mención aparte merece el último de estos, ya que dispara otros delitos como la venta de los coches, de autopartes o crímenes a bordo de la unidad hurtada.
Rivas puntualizó que las procuradurías y las fiscalías fallan en su labor de reportar las estadísticas en tiempo y forma, hecho que dificulta el correcto diagnóstico y posible solución del problema de inseguridad. La falta de segregación de los delitos es otra circunstancia de suma importancia que impide tener información concreta que facilite la toma de decisiones en materia de políticas públicas, elaborar escenarios de riesgo, identificar problemáticas específicas y la incidencia delictiva.
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