El Sistema Nacional Anticorrupción entra en vigor hoy en nuestro país, aunque incompleto debido a que en el Senado no eligieron al fiscal ni se ratificó a los magistrados, además de que las entidades no están cooperando como deberían para poner en marcha este sistema.
Jaqueline Peschard, la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana declaró que a pesar de estas limitaciones ellos no están atados de manos y aún con resistencias, el mecanismo va en camino; sin embargo, las limitantes de este sistema son importantes debido a los elementos que hacen falta para terminar de integrarlo.
Para empezar, el Sistema Nacional Anticorrupción comienza con incumplimientos del Senado para nombrar al fiscal anticorrupción y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes deberán investigar y sancionar los delitos. Además de esto, las 32 entidades federativas del país no cumplieron con su papel de armonizar las instituciones y legislación local, cuyo plazo venció ayer.
De acuerdo a un seguimiento de la Secretaría de la Función Pública llevado a cabo por El Universal, indica que apenas 5 de las 32 entidades registraron un mayor avance en sus normas. Estos estados son: Nayarit, Sonora, Querétaro, Puebla y Chiapas. De esta forma el TFJA comenzó sus trabajos en una sala auxiliar especializada en corrupción, que recibirá y atenderá temporalmente las denuncias, ante la falta de magistrados.
Luego de concluir el plazo de un año que se estableció en las normas del sistema dadas a conocer en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2016, el SNA deberá iniciar su vigencia a partir de este 19 de julio. La mayor parte de las instituciones que integran a este sistema ya existían, aunque algunas son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
De la misma forma, ya quedó designado un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales. En este sistema participarán también el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el fiscal anticorrupción.
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