Las intenciones del actual gobierno federal por encontrar y hacer justicia por los 43 normalistas desaparecidos continúa. Primero fue la creación de la Comisión de la Verdad, el pasado 15 de enero, y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que serán protegidos todos aquellos que revelen información que ayude a esclarecer lo que ocurrió en Ayotzinapa aquel fatídico día de septiembre de 2014.
El mandatario tabasqueño señaló que la protección y consideración legales del estado mexicano están garantizadas para quien proporcione a las autoridades datos importantes sobre el paradero de los normalistas guerrerenses. Una especie de testigo protegido, recurso usado comúnmente en Estadios Unidos y que llegó a nuestro país en 1996 bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ojalá López Obrador prometiera castigar a los responsables, porque sus pronunciamientos sobre dar con el paradero de los 43 normalistas (lo cual es algo prioritario más no lo único) parecen dejar en el olvido a los criminales. Fueron muchos los que se persignaron con la posible amnistía para narcotraficantes mencionada por el tabasqueño en algún momento, pero fueron pocos los que condenaron la amnistía evidente que se le concedió a los criminales de cuello blanco, esos que le permitieron a la violencia e inseguridad inundar el país.
La intención presidencial es buena, o tal vez eso queremos pensar, ante un país que exige justicia y respeto a los derechos humanos. Pero realmente es viable esta propuesta, habrá alguien que sepa lo que pasó y se aventure a luchar contra todo el poder que rodea a los responsables de tan atroz hecho.
Horas más tarde se anunció la conformación de una fiscalía especial para atender este caso. Esperemos no se trate solo de una pantomima del gobierno federal, de esas que se están acostumbrando con ciertas acciones con rasgos arbitrarios e impositivos como el Tren Maya y la Guardia Nacional. Que sea un ente que sea regulado por ojos independientes, pro derechos humanos y por los mismos familiares de las víctimas en Ayotzinapa.
Iguala fue el lugar escogido por el presidente para arrancar el programa de Becas del Bienestar Benito Juárez, a amanera de homenaje a los jóvenes que desaparecieron hace más de cuatro años. Una acción simbólica que, al igual que sus acciones arriba mencionadas, parece ser insuficiente ante un caso que flagela no solo a los familiares y amigos de los desaparecidos sino al país entero. Cómo nos gustaría escuchar a un presidente comprometido con la causa, en busca de la justicia con una investigación seria y sin trabas. Que asegure el castigo para los responsables, intelectuales y materiales, sin que esto implique desechar su «borrón y cuenta nueva».
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