Martha Tagle planteó que Ley de Seguridad Interior vulnera 11 artículos de la Constitución.
En entrevista, la senadora señaló que la ley atenta contra las facultades de estados y municipios, pues les quita responsabilidades.
Este viernes, senadores de oposición entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las 43 firmas necesarias para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, promulgada en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Entre los legisladores que contribuyeron con su rúbrica destacó la senadora Martha Angélica Tagle Martínez, quien recientemente se reincorporó al Senado, en virtud de la licencia aprobada a Alejandra Barrales, hoy precandidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
En entrevista para Hoy Novedades, Martha Tagle explicó que, con las 43 firmas, se logra presentar una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que busque abrogar toda la Ley de Seguridad Interior, pues no pretenden que solamente se invaliden algunos artículos como en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que impugnó lo que le correspondía a la parte de información pública, en lo referente a los datos personales en los operativos que se estarían generando en materia de seguridad.
Subrayó que esta legislación atenta contra las facultades que tienen los estados y municipios, pues les quita la obligación y responsabilidad de hacer lo que les toca, que es garantizar la seguridad pública de sus habitantes.
Respecto a la propuesta a las garantías individuales que la Ley de Seguridad viola, Tagle señaló que ellos están fundamentando que ésta vulnera 11 artículos de la Constitución, empezando por el primero, entre ellos la libertad de manifestación, de expresión, derechos humanos como a la privacidad y a la propia seguridad de las personas.
A la cuestión de por qué el Congreso no cuenta con las facultades para legislar en materia de seguridad interior, la senadora destacó que la seguridad pública le corresponde a estados y municipios, ya que hay artículos en la Constitución claramente establecidos que así lo manifiestan.
Acotó que, de manera irresponsable, se han cedido estas facultades a la Federación en aras de la pacificación ante la inseguridad y la violencia que se viven en entidades de nuestro país, por lo que es necesario, hacer una revisión no solamente del tema de las fuerzas armadas, sino verificar las responsabilidades que todos los actores políticos tienen.
Tagle Martínez destacó que es necesario darse a la tarea de generar leyes y políticas públicas que vengan a resolver el enorme problema que se vive en México: la ola de violencia generalizada que cada vez va en aumento.
Además, detalló que la Ley de Seguridad Interior, como ha sido configurada, no va a cambiar la realidad, pues aunque el Ejército lleva ya diez años con presencia en las calles, esta violencia no ha disminuido, motivo por el que también, consideran, esta ley no podría ser verificada y esperan que la Corte también pueda verlo desde ese punto de vista.
En lo que refiere al impacto de la aplicación de la ley en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la senadora consignó que le parece muy grave, porque en la legislación se dan actuaciones antes de determinaciones de fuerza; por ende, pese a existir un sistema de justicia en el que las actuaciones son mucho más rápidas, la Ley de Seguridad permite que las fuerzas armadas actúen contra presuntos delincuentes y, posteriormente, investiguen si son culpables, acto que atenta completamente contra de las garantías de la población.
Martha Angélica refirió que, de alguna manera, se acrecentará lo que ya hemos estado viviendo: muchos civiles asesinados o desaparecidos, sin tener nada que ver con los problemas de violencia que se crean a partir de la delincuencia organizada en nuestro país, por lo que los legisladores de oposición que presentaron este recurso de inconstitucionalidad consideran que esta problemática continuaría, pues una persona sin una presunción de inocencia clara podría ser señalada y afectada por esta Ley de Seguridad Interior, incluso, cuando haya manifestaciones públicas en las que ciudadanos comunes estén involucrados, por lo cual se verían afectados sus derechos.
De acuerdo con la senadora, esta promulgación no solo repercutirá en las elecciones de julio, pues, además, esta ley busca tener un elemento armado de cara a los estados de las elecciones, pero también responde a las presiones que hay desde el gobierno de los Estados Unidos, a lo que han exigido con respecto a la seguridad en la frontera.
En ese sentido, consideró, el gobierno mexicano está respondiendo con una ley de esta naturaleza, pues como se pudo ver, a pesar de todas las voces en contra, hubo la determinación, por parte del ejecutivo, de impulsar esta aprobación en cámaras, por lo que la Ley de Seguridad Interior tiene objetivos claves: por una parte, responder las presiones de EU, pero también tener la capacidad del uso de las fuerzas armadas, dependiendo de los resultados de las elecciones en julio de este año.
Tagle Martínez explicó que ha estado en comunicación con varias de las organizaciones que forman parte del colectivo Seguridad sin Guerra, quienes también estarán presentando diferentes recursos legales ante la Corte, al igual que algunos ciudadanos por la vía del amparo, ya que es muy importante que la Corte, cuando tenga todos estos instrumentos legales, haga una revisión profunda de lo que significa la legislación.
Afirmó que ella seguirá trabajando muy cerca de las organizaciones que han estado generando información, difundiendo, haciendo campañas para que se detenga y realmente poder garantizar una seguridad sin guerra en México.
Compartió que, además del gobierno de Cholula, Puebla, hay varios municipios que se están organizando; sin embargo, acentuó que hoy circuló la noticia de que en ese municipio se tuvo que reforzar a la policía, porque el Ejército retiró la presencia que tenía en esa comunidad, a raíz de la controversia constitucional que presentó ese municipio.
La senadora calificó ese tipo de acciones como una forma de presionar para que otros municipios del país no hagan lo mismo y se sientan temerosos ante acciones de esta naturaleza, lo que consideró realmente grave, porque son medidas de presión para que quienes tienen la posibilidad de presentar este tipo de instrumentos legales no acudan ante la Corte y que ésta defina que no haya presiones por parte del ejecutivo, ni por parte de otros actores.
En respuesta a qué acciones emprenderán para apoyar a los ayuntamientos, Martha Tagle consideró importante que los legisladores se den el tiempo, de manera urgente, para revisar todo lo que está sucediendo de cara a la Ley de Seguridad Interior, pero, además, es de su competencia discutir, junto con muchos otros actores políticos de diferentes niveles de gobierno, las acciones conjuntas para resolver problemas de seguridad en nuestro país.
Explicó que los legisladores no solo tienen que vigilar las leyes, sino generar los mecanismos legales para que, realmente, la ciudadanía pueda contar con formas para prevenir, detener y acabar con la violencia.
Sobre la opinión que el presidente Peña Nieto ofreció, luego de dejar en manos de la Suprema Corte a la Ley de Seguridad Interior, atestó que es un discurso político, pues al estar en vigencia, él, que en cualquier momento puede entrar en acción estando ahí ―porque es una ley que ya está vigente, a pesar de que espera la resolución de la Corte―, en cualquier momento podría accionar los mecanismos que se contemplan en la legislación.
Sin embargo, expuso, en los hechos también fue una manera de presionar a la Corte para que resolviera sobre este tema, “nos parece que la Corte tiene en sus manos una enorme responsabilidad: revisar a profundidad todas las voces que se han manifestado sobre este tema y que se habrán de manifestar estos días, pero, además, hacerlo de una manera pronta, justamente por las presiones que hay con respecto a la vigencia de esta ley”.
Finalmente, Tagle Martínez aseguró que estarán pendientes del tema hasta que se acabe el precepto legal de validación y, de ser necesario, recurrirán a otros organismos internacionales; no obstante, por lo pronto confían en que la Corte discuta el tema, lo haga a fondo y que escuche las voces múltiples que se dieron en todo el país contra esa ley.
Por: Edgardo V.L.
HOY NOVEDADES/MI MÉXICO
