En los últimos dos meses se suscitaron en el estado de Puebla dos asesinatos en los que se vieron directamente involucradas las empresas de transporte Uber y Cabify.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el 2017 se ha registrado en un promedio de 19 horas, la desaparición de una mujer en Puebla.
Mara Fernanda, Mariana N, son dos víctimas de feminicidio que como cualquier usuario de un Smartphone, instalaron una aplicación para pedir un servicio particular con el fin de regresar a su domicilio, sin embargo, no lo hicieron; estas estudiantes de la UPAEP y la BUAP perdieron la vida en medio de una disputa entre empresas de transporte en una entidad en la que que tampoco se ha puesto en marcha una alerta de género.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el 2017 se ha registrado en un promedio de 19 horas, la desaparición de una mujer en el estado, mientras que el año anterior se registró un caso cada 31 horas.
Con estos números, se podría decir que Puebla necesita una emisión de alerta de género, por lo que diputados locales han pedido de manera urgente que se realice, sin embargo, el gobierno poblano tampoco ha hecho caso de estos sucesos.
Entretanto, la pelea en la opinión pública no radica en las muertes de las dos estudiantes, sino – curiosamente – en que Puebla podría quedarse sin los servicios de transporte particular más solicitados en el país: Uber y Cabify.
Desde el pasado 18 de septiembre y a raíz de que se dio con el ahora procesado por el delito de feminicidio de Mara Fernanda, el gobierno de Puebla indicó que ya no operaría Cabify en el estado.
Días más tarde, cerca de que se cumpliera un mes del suceso de Mara, se sabe que otra estudiante, Mariana, fue asesinada por el conductor de un Uber que la llevaría a su domicilio, el sujeto se encuentra ahora enfrentando a las autoridades por el señalamiento.
Pero ¿a qué va esto? sin intención de minimizar el asunto, se han suscitado hechos similares en otros estados y no han sido mediatizados como estos dos casos, que de alguna manera parecen «similares». Podría decirse que incluso son chivos expiatorios de gente que no quiere que los dos servicios más grandes de transporte se encuentren en la entidad.
El sospechosismo aumenta cuando se sabe que el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, obtuvo permisos para operar taxis en el municipio de Puebla, que fueron entregados a empresas con los que se encuentra asociado.
En el padrón de permisionarios correspondiente al año 2016, se reveló que el priista resultó como titular y no se especifica la fecha en la que fueron extendidos y fueron reportados en su declaración patrimonial desde 2012, según un trabajo periodístico realizado por el rotativo e-consulta.
Asimismo, otra publicación local publicó durante el mes de marzo de este año que algunos notarios y exfuncionarios estatales, así como socios de dirigentes partidistas se encuentran como los principales propietarios de las empresas que encabezan los permisos de casi todos los taxis del estado de Puebla.
Si lo que se busca es retirar a las empresas privadas en el caso hipotético de que se hayan usado a las estudiantes como chivos expiatorios para que la opinión pública se modificara en torno a los servicios que estos ofrecen, también se debe ver que ambas empresas cooperaron – una a regañadientes – para dar con los vehículos y con sus conductores, sin olvidar que el servicio de taxis a nivel nacional ha cambiado de manera drástica desde la llegada de nuevas opciones para los consumidores finales.
