Acusan padres de los normalistas de Ayotzinapa un posible carpetazo al caso de la desaparición de sus familiares.
LA CIDH terminó sus audiencias en Bogotá criticando el actuar del gobierno mexicano por los casos de la Ley de Seguridad Interior y Ayotzinapa.
En el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebradas en Bogotá, Colombia, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, aseguró que «muy pronto se tendrán las conclusiones» sobre el caso de Ayotzinapa.
Por su parte, Alfredo Higuera, fiscal encargado del caso, y representante del gobierno mexicano en las audiencias de la CIDH, afirmó que, derivado de información nueva, la fiscalía está muy cerca de conocer las causas que llevaron al ataque contra los estudiantes, al mismo tiempo señaló que se tienen pruebas suficientes para detener a 30 personas involucradas en el secuestro de los normalistas, entre ellos, policías de Cocula, municipio contiguo a Iguala, lugar de los hechos.
Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios mexicanos, fueron desencadenadas por las críticas de la CIDH y de los padres de las víctimas al actuar del gobierno federal, principalmente por la controvertida Ley de Seguridad Interior. Los comisionados cuestionaron la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues consideraron que «no existe evidencia de que la participación militar reduzca la violencia».
Sumado a ello, los representantes de los padres de las víctimas, en compañía de sus abogados, cuestionaron el actuar del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues aseguraron que podría dar un carpetazo a las investigaciones, todo esto, según ellos, con fines electorales. «Para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad», espetó Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Otra de las molestias de los padres, estuvo enfocada a la negativa por parte de la administración Peñista para aceptar un nuevo cronograma para las investigaciones, así como una declaratoria de atención victimal: «Para nosotros es crítica la situación en México. Todo se está politizando, tanto que los representantes del gobierno quieren suspender la reunión de mayo porque viene la elección», mencionaron.
A pesar de estas molestias, la SER y la Procuraduría General de la República (PGR) emitieron un comunicado, el él informaron que en la audiencia de la CIDH se «reiteró frente a los familiares de las víctimas y sus representantes, su determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo año». Sin importar las acusaciones de los familiares por no tomarlos en cuenta, ni aceptar sus propuestas, aun cuando tuvieron que ir tan lejos para ser escuchados.
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