Fue la mañana del jueves 20 de julio de este año cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la capital, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Secretaría de Marina realizó un operativo en la colonia La Conchita Zapotitlán de la delegación Tláhuac.
Ese día fueron abatidos Felipe de Jesús Pérez Luna «El Ojos», líder del cártel de Tláhuac, y siete de sus colaboradores; además se detuvieron a 23 personas por actos violentos. Porque la jornada de ese día fue sangrienta y digna de película de acción: intercambio de balas, bloqueos, vehículos quemados, saqueos y persecuciones.
Tras este incidente se vinculó a Rigoberto Salgado Vázquez, jefe de la delegación, con el capo abatido y su red de narcomenudeo y demás delitos, como la operación irregular del servicio de moto taxis. De inmediato empezaron las investigaciones para verificar si el morenista era cómplice del Ojos o no.
Todos los partidos, sobre todo el PRD, empezaron a atizarle con todo a Salgado Vázquez, a quien señalaron de financiar el restaurante «La carreta del Pacífico», propiedad del criminal. También se le acusa por las omisiones en materia de seguridad, mismas que permitieron el asentamiento de los delincuentes en la demarcación.
Acá la cuestión es por qué las autoridades y la justicia permiten la operación de estos grupos delictivos y las irregularidades en las concesiones en servicios de transporte público. Más allá de si el delegado y el Ojos era amigos/socios, debe señalarse y cuestionarse el hecho de que las extorsiones e intimidaciones ya sean una constante en el otrora Distrito Federal.
Por otro lado, el legal, el proceso de destitución de Salgado Vázquez está en vilo y los expedientes ya estaban siendo trabajados por las autoridades, sin embargo, el sismo del pasado 19 de septiembre dañó las oficinas de avenida Juárez –donde se encuentran los expedientes del caso– y por el momento no hay acceso a ellas. De esta forma la Comisión Especial Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no puede revisar el dictamen.
Se esperaba que el delegado de Morena pasara a la historia y fuera el primer delegado removido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de su cargo en la historia de la ciudad, pero cuál va siendo la sorpresa que no fue él sino el perredista Israel Moreno de la Venustiano Carranza.
La razón: Moreno y José Manuel Ballesteros, su antecesor, no atendieron la sentencia de amparo que interpusieron cuatro extrabajadores de la demarcación, quienes piden se les pague los salarios y aguinaldos, así como la reinstalación en sus cargos. La sentencia de amparo se emitió el 23 de enero de 2013 y ambos personajes la obviaron ilusamente sin ponerse a pensar que esto les podría traer consecuencias.
Así se empezaron a suscitar casos de delegados y funcionarios que están viendo como sus cargos penden de un hilo. Serio problema por sí solo y más si en el horizonte se tienen aspiraciones políticas que apuntan al 2018…
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