A las mujeres nos queda claro, desde hace ya casi tres décadas, qué es lo que tienen que hacer los gobiernos para la mayoría de la población. Acorde al último censo realizado por el INEGI, en el que con 4,805,017 mujeres conformamos el 52% de la población en la Ciudad de México. Repito a las mujeres nos queda claro que se tiene que hacer.
El Gobierno de la Ciudad de México ha sido encabezado por una mujer en los últimos cinco años, así que la decisión en la disminución de derechos para las mujeres ha sido una decisión premeditada y dolosa, por lo que, una de las conclusiones es que tiene que existir un cambio, para lo cual, proponemos la garantía de atención a las doce esferas cruciales de preocupación de la Declaración y Plataforma de Beijing que siguen siendo tan relevantes hoy como hace veintiocho años.
Hagamos un rápido recorrido por las carencias para poner en contexto:
De 2018 a 2020, el número de habitantes en pobreza pasó de 152,100 en 2018 a 400,400 en 2020, acorde con el Informe de Medición de la Pobreza del CONEVAL, esto significa que en dos años 242,300 habitantes en la capital pasaron a vivir en pobreza extrema esto implica que hubo un retroceso en materia de educación, mismo que se agravó con la pandemia y hoy sufre la educación un golpe mortal con los libros de texto gratuito.
El acceso a los servicios de salud se ha visto mermado en este sexenio con la desaparición del seguro popular, el intento de quitar las 33 NOMS en materia de salud, la reducción de recursos para atender el cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, la aplicación de forma universal de la vacuna contra el papiloma humano, así como la carencia del cuadro de vacunación y el tamiz.
En materia de vivienda, la eliminación de políticas públicas creadas con anterioridad como “cuarto rosa”, para que las mujeres tengan una habitación propia.
La no actualización a estándares de derechos humanos de la norma 26 para construcción de vivienda, el encarecimiento de la vivienda de interés social y popular, así como la construcción por parte del INVI en zonas sin factibilidad de servicios, la casi nula inversión en materia de agua y drenaje, así como la no garantía en escuelas y vivienda del concepto de menstruación digna han causado una mayor desigualdad.
Y para cerrar con broche de oro se muestra la casi imposible relación salario-canasta básica, en donde el salario esta tazado en $6,820.85 mensual en donde los hombres reportaron un ingreso laboral real mensual de $7,480.62 y las mujeres de $5,860.84 pesos reales lo que demuestra la brecha salarial que por sexo se mantiene, es decir, el ingreso laboral de los hombres es 1.3 veces el de las mujeres.
Ante todas estas malas noticias para las mujeres nuestra tarea en relación a la problemática diferencial de género en el acceso a la propiedad privada, la vivienda, los servicios urbanos, la seguridad, la violencia de género en la Ciudad y la participación en la gestión local, ha sido de desarrollar iniciativas, programas y proyectos que aporten a fortalecer el liderazgo, las demandas y el dialogo de las mujeres con los gobiernos locales, para promover su ciudadanía e impulsar cambios en sus condiciones de vida.
Hemos articulado acciones con organizaciones, redes de mujeres y feministas de las 16 Alcaldías para incidir en las agendas y en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y su relación con las políticas de igualdad de oportunidades. Para esto debemos de visibilizar nuevos conceptos.
El enfoque del urbanismo feminista y el derecho a la Ciudad, hace que entendemos el cuidado como instrumento de redistribución para la autonomía de las mujeres. El estudio del territorio de la Ciudad y los cuidados con visión de género promueve la transformación y la planificación territorial para garantizar una mejor calidad de vida.
La identificación y sistematización de los servicios e infraestructuras de cuidados públicos, privados y comunitarios de la Ciudad de México, bajo la perspectiva del urbanismo feminista y el enfoque conceptual del Derecho de las Mujeres a la Ciudad hará que la prioridad sea promover la autonomía de las mujeres.
La construcción de la identificación de la vulnerabilidad territorial integrando el conjunto de indicadores y variables, buscando reflejar los diferentes niveles de vulnerabilidad en el territorio, nos permite aproximarnos a entender la complejidad de las carencias urbanas y socioeconómicas, así como las desigualdades que existen entre las mujeres de las 16 Alcaldías para elaborar con este indicador de vulnerabilidad territorial la toma de decisiones para una real igualdad de condiciones en la Ciudad, ya que “medir a las desiguales con igualdad es desigualdad”.
Una vez identificado el índice de vulnerabilidad territorial consideramos deben garantizarse acciones afirmativas y políticas públicas que contemplen estos puntos preponderantes:
1. Garantizar un apoyo económico mensualmente y sin condicionamientos para la capacitación para el empleo.
2. Un fideicomiso especial para garantizar el avance educativo de las mujeres y combatir su rezago en la Ciudad.
3. Un presupuesto irreductible para la realización de mastografías, colposcopia, papanicolaou y ultrasonido, de manera universal, así como la reconstrucción mamaria como la culminación de un tratamiento de combate al cáncer.
4. La garantía del concepto de menstruación digna en escuelas y viviendas, así como el derecho a la menopausia digna.
5. Debido a que en los últimos cinco años las desapariciones han incremento en un 98 %, se hace necesario poner los recursos en la Comisión Estatal de Búsqueda, así como todas las políticas de prevención.
De enero a julio del presente año fueron reconocidos como feminicidios tan solo 33 muertes, lo cual, está muy lejos de la estadística real, el actuar de la Fiscalía revictimiza a quienes padecen de manera directa e indirecta cuando hacen una injusta clasificación del delito, por lo cual, la exigencia de que todos los homicidios de mujeres sean investigados como feminicidios es cada vez más necesario ante la realidad.
6. En cuanto al papel de la mujer en la economía se hace necesario sancionar de manera severa a quien incentive la brecha salarial.
El impulso económico y facilidad de trámite a las pequeñas y medianas empresas y emprendimientos personales deben ser prioridad del próximo gobierno.
7. En cuanto a nuestro papel en el ejercicio del poder, el principio constitucional de “Paridad en todo” llegó para quedarse, es labor de todas y todos hacer que sea válido, no sólo en la totalidad del sector público sino también en el sector privado.
8. En cuanto a las instituciones de administración de justicia requerimos un profundo cambio para que la visión de género sea la constante, por lo que, podemos empezar:
a) La creación de juzgados especializados en materia de género.
b) Garantizar el mecanismo constitucional de la Ley 3 de 3 contra la violencia, para que violentadores, deudores alimentarios y agresores sexuales, no tengan cabida en el ámbito público y tampoco en el privado.
Necesita existir un padrón, no solo de los que se denuncian vía electoral, cada pensión no dada debe estar registrada, cada violencia y cada agresión debe estar registrada, la impunidad ni el ámbito público ni en el privado debe tolerarse.
c) La pensión alimenticia no es una concesión, es una obligación, por lo que, la que la inmediatez debe garantizarse de manera obligatoria.
9. La Fiscalía en la Ciudad de México debe de contar con Centros de Atención a Víctimas y refugios con los requisitos de ley, ya que la desaparición de los recursos federales y el abandono de las autoridades de la Ciudad de México respecto a los refugios para mujeres violentadas y víctimas de la violencia familiar las han dejado en estado de indefensión
10. Fomentar la profesionalización de todas las personas servidoras públicas, en todos lo niveles de gobierno, en el diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género.
11. Impulsar la prevención y sanción del delito de trata de personas y los fines de su explicación. Impulsar la reparación del daño a las víctimas sobrevivientes e indirectas de los delitos perpetrados contra las mujeres, especialmente los suscitados en razón de género.
12. Que toda obra pública que se presente en la Ciudad debe contar con el requisito de ser una obra realizada con perspectiva de género.
La adecuación de la actual infraestructura urbana y todo el sistema de transporte con enfoque de urbanismo feminista ayudará a que en el día a día la eliminación de la brecha de desigualdad sea una realidad.
En el centro de la agenda política la mejora de las condiciones de vida en todas sus esferas de acción deben ser las niñas, las adolescentes, las mujeres y las adultas mayores.
No podemos avanzar todos si a la mitad se nos deja atrás.
