El gobierno de Chihuahua y la Segob firmaron convenio para terminar con su conflicto.
La Segob se comprometió a entregar al gobierno de Chihuahua 900 millones de pesos.
Luego de una auténtica guerra mediática y jurídica en la que tanto el Gobierno Federal como el de Chihuahua habían asegurado, cada entidad por su parte, que llegarían hasta las últimas consecuencias, el día de ayer esta batalla quedó terminada luego de que llegaran a acuerdos sobre los temas que los enfrentaban.
En los acuerdos firmados, se establece que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, además de que se acepta el traslado del procesado Alejandro Gutiérrez al Centro Federal de Readaptación Social 9 en Ciudad Juárez y también se acordó la entrega de 900 millones de pesos convenidos a la entidad.
La entrega del dinero iniciará a más tardar la semana entrante, de acuerdo con lo indicado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en una conferencia de prensa realizada anoche, en compañía del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
El mismo Corral compartió a través de sus redes sociales el acuerdo firmado por ambos titulares, en el que además se describe que el diálogo que tuvieron fue respetuoso y además, el Gobierno de Chihuahua asumió el compromiso de ya no presentar la Controversia Constitucional en cuanto se confirme la recepción de recursos.
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En la conferencia, Navarrete Prida aseveró que la Fiscalía General de Chihuahua «acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante por las once órdenes de aprehensión que se han girado» en contra de César Duarte. Sobre el tema de Alejandro Gutiérrez, quien está recluido en el Centro Penitenciario estatal, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 9, que se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Previo al traslado, la organización Human Rights Watch (HRW) certificará que en el manejo del exsecretario General del PRI no se violen sus derechos humanos, cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Luego de que se solucionara este conflicto, El Universal publicó la madrugada de hoy, de acuerdo con una investigación realizada por este medio, que el gobierno de Chihuahua no informó del destino de 770 millones de pesos que le fueron otorgados por el Gobierno Federal a través de un convenio, en diciembre de 2016. Esta investigación fue realizada por el citado medio gracias a un documento que ellos poseen, y en el que se detalla que en la presentación de su Cuenta Pública y los informes sobre el ejercicio del gasto público al legislativo a la explicación de ese dinero, no se identifica el reporte de lo otorgado.
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