Familiares de su cónyuge cuentan con cargos en empresas energéticas.
AMLO dijo en conferencia matutina que efectivamente hay conflicto de interés; Alcocer solicitó una audiencia con el presidente.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes, que tras las investigaciones realizadas a Guillermo Ignacio Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, se determinó que existe un posible conflicto de interés, toda vez que fue hallado un contrato para transporte de gas natural con la empresa Santa Fe Natural Gas, filial de Fermaca, la cual él mismo reconoció que está vinculada a su familia.
Las investigaciones realizadas por la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval detallan que dos familiares de la cónyuge del Alcocer trabajan en empresas relacionadas con el rubro. En el primer caso se trata de Mario Barreiro Castellanos, el hermano de su cónyuge, quien trabaja en la filial de una empresa danesa y que declaró ingresos por 12 millones 500 mil y retenciones por terceros por 9 millones 300 mil pesos.
Igualmente, se determinó que es representante legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas. De las tres empresas, una se ocupaba de la extracción de petróleo y además, era operadora del Bloque Soledad, en Veracruz; la segunda, se ocupa de la comercialización y ganó una licitación para explotar la cuenca costera de Chicontepec, Veracruz; en el caso de la tercera, también se ocupa de actividades comerciales.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el periodo que comprende de febrero de 2014 a diciembre de 2018, envió transferencias por casi 48 mil millones de pesos al Reino Unido; y casi 149 mil millones de dólares repartidos a Reino Unido, México y Estados Unidos.
Además, se detectaron vuelos internacionales a Guatemala y El Salvador, con los cuales, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF, «los sujetos se trasladan a países como el Salvador y/o Guatemala, para realizar las transferencias internacionales a otros países, con finalidad de no dejar registro en México. Los dólares son trasladados por la frontera sur del país, ya que se contratan personas para llevar los recursos a Centroamérica vía terrestre, con la finalidad de evitar que el dinero sea rastreado», acción que deja ver hechos relacionados con posible lavado de dinero.
En el segundo caso involucra a Santiago García Castellanos, primo hermano de la esposa de Guillermo Ignacio Alcocer, quien trabaja para la empresa Santa Fe Gas Natural, filial de Fermaca. De acuerdo con la Función Pública, está relacionado con al menos otras cuatro empresas dedicadas a la compra, venta y administración de nominaciones y logística de gas natural e hidrocarburos en México y Estados Unidos.
Además, se asevera que entre 2016 y 2017, obtuvo ingresos por sueldos y salarios por 9 millones 894 mil 450 pesos. Según la dependencia federal, el actual comisionado de CRE recibió recursos de esta empresa entre 2013 y 2017, a pesar de que este laboraba en la Secretaría de Energía.
En su declaración, Alcocer declaró que la empresa Fermaca no era regulada por la CRE desde 2016, sin embargo se detectó la existencia de un permiso con el registro G-2015-7/TRA/2017, en donde se corrobora que esta empresa se vio beneficiada por un contrato para transportar hidrocarburo en junio de 2017, cuando el funcionario ya se encontraba al frente de la Reguladora de Energía.
Resultado de esta investigación, Guillermo Ignacio Alcocer podría ser inhabilitado para desempeñar sus funciones, puesto que omitió esta información ante la Secretaría de la Función Pública.
« Este permiso que él mismo como presidente de la institución pudo haber gestionado o auspiciado, no fue informado en su momento y no es menor mencionar que tras revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública ha observado una serie de deficiencias en la regulación relativa a la información que el funcionario ha hecho pública».
La dependencia sentenció que ya se ha iniciado una investigación para localizar el permiso y determinar si fue el único otorgado «o si existen algunos otros actos o intervenciones en donde evidentemente el interés personal, familiar o de negocios pudo haber estado involucrado». Respecto al conflicto de interés, dijo, no tiene sustento.
Horas más tarde en conferencia de prensa, Alcocer señaló que la acusación que se le hace tiene fines políticos como consecuencia de la crítica que él mismo hizo a la terna enviada por el ejecutivo para ocupar su lugar. Por ello, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia en la que dijo, le hará saber que «los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto de Nación».
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