Si algo ha caracterizado a México durante el siglo XXI es la crisis de corrupción que ha generado altos índices de impunidad en casos de violencia en los que se han visto implicados elementos encargados de resguardar la seguridad de los mexicanos.
Para argumentar lo anterior, basta recordar el caso de las mujeres indígenas Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan que fueron acusadas por seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de haberlos secuestrado.
Once años después y tras pasar tres años en prisión, la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que las indígenas fueron encarceladas, con pruebas falsificadas, por lo que la institución ofreció una disculpa pública, a pesar de lo irreverente que resultaba el hecho de que tres mujeres dedicadas al comercio, lograran secuestrar a seis agentes de la AFI, entrenados para enfrentarse a situaciones de riesgo.
Otro caso que no sólo muestra los niveles de corrupción e impunidad en México, sino el machismo al que están sometidas las mujeres en territorio nacional ―además de los innumerables feminicidios― es el de las mujeres de Atenco, que fueron violentadas bajo la gubernatura estatal del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Este caso es uno de los más vergonzosos que se le adjudican al mandatario mexicano, junto con la desaparición de 43 normalistas y la tragedia en Tlatlaya. El 3 y 4 de mayo de 2006, se llevó a cabo un operativo que se salió de control, cuando agentes de seguridad, apoyados por la Policía Federal reprimieron una movilización de El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). De este «operativo» quedó un saldo de dos personas fallecidas decenas de mujeres que padecieron abuso por parte de los elementos de seguridad y más de 200 personas detenidas.
Esa es la realidad de los operativos en México que siguen sin detener al crimen organizado, pero logran acusar a tres indígenas de secuestro con pruebas falsas, parece que mientras más protocolos de seguridad implementan los gobiernos municipales, estatales y federales, México se hunde más en un ambiente de inseguridad y violencia, que se agudizan con la impunidad y la corrupción de las instituciones.
Desde la gubernatura de Carlos Salinas de Gortari, pasando por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y la actual presidencia de la República, liderada por Enrique Peña Nieto, se han generado estrategias de seguridad para dar solución al crimen organizado, que ha servido de argumento para militarizar las calles y hacer uso de la fuerza contra la población civil que se ve inmersa entre una lucha de poderes e intereses.
Estos despliegues militares sólo han servido para generar una dependencia a las Fuerzas Armadas, puesto que los gobiernos municipales y estatales no buscan estrategias para erradicar al crimen organizado. Si las Fuerzas Armadas abandonan los estados con mayores índices de violencia por el narcotráfico, la población quedaría en un estado de vulnerabilidad complejo, pues sus mandatarios han delegado al Ejército sus funciones de seguridad.
Pese a toda la inversión pública en términos de seguridad, hay que recordar que mientras a la educación se le reduce el presupuesto anual, a la seguridad se le aumenta, sin que se muestren avances significativos, ya que actualmente, México se mantiene en la lista de países productores de droga y con mayor número de traficantes. Lo que demuestra la ineficacia de este sistema implementado por los gobiernos que obtuvo mayor visibilidad durante el mandato de Felipe Calderón, quien era tan amante de las Fuerzas Armadas, que hasta vestía a sus hijos con esa indumentaria.
Recientemente, una familia oaxaqueña vivió una tragedia en Veracruz, pues dos de sus integrantes fallecieron, presuntamente en manos de elementos de la Secretaria de Marina (Semar), de forma extrajudicial; sin embargo, la Semar no ha emitido algún comunicado en el que indique que se iniciarán las investigaciones pertinentes, por el contrario, ha sido la organización Idheas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quienes han exigido al Estado que inicien las indagaciones.
Al parecer, el gobierno actúa firmemente cuando de intereses que los beneficien se trata, como la implementación de nuevas tarifas para los combustibles, a pesar del descontento general de la ciudadanía, mientras, en materia de seguridad, siguen reinando la impunidad, la corrupción y la prepotencia de sus elementos.
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