Llega el momento más interesante de la película, los policías rodean a un delincuente que tiene como rehén a una familia en el interior de su domicilio y pide que entre alguien a negociar y evitar una masacre, es entonces que los policías son relevados, debido a su supuesta «incompetencia» y una fuerza del orden de mayor rango (llámese Inteligencia, federales, o milicia) llega al lugar de los hechos y dice: «Desde ahora, es nuestro trabajo». Básicamente, es lo que sucedería con la ley de seguridad interior.
Y es que como se mencionó en una nota anterior, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mencionó que es una situación preocupante la que atraviesa México, a pesar de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijera que no se trata de una militarización.
El Ombudsman dijo: « Nuestra oficina está preocupada con la intención de adoptar una ley de seguridad interior, porque, según nuestra opinión, está en contra de la necesidad de las mismas autoridades de salir del paradigma militar, de reconstruir las corporaciones policiacas y de adoptar un modelo distinto de seguridad para la República Mexicana».
Es por ello que piden una discusión más amplia sobre seguridad interior, pues de acuerdo con Jan Jarab, director del organismo en México, es peligroso adoptar una ley sobre la actuación de las fuerzas armadas, ya que la milicia, en este caso, ha inquirido en varias faltas en materia de derechos humanos.
Para muestra, una nota dada a conocer por La Jornada el pasado miércoles, que expone el caso de una familia de Oaxaca que acusó a personal de la Marina por participar en la ejecución de dos de sus familiares, de manera extrajudicial en el mes de enero.
Casos como violaciones, asfixias, choques eléctricos, golpes, entre otros tipos de tortura han sido denunciados por víctimas en severas ocasiones, los cuales han sido supuestamente cometidos por elementos militares en México.
De acuerdo con el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Nils Melzer, estos tratos son generales y se mantienen impunes, por lo que solicitaron que se realice una ley para que no haya excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura.
«Se cometen crímenes de lesa humanidad (…) bajo responsabilidad de las fuerzas militares de seguridad, en el contexto de la lucha contra las drogas».
En México, la seguridad ya no es la defensa de los Derechos Humanos, sino un grave caso de corrupción e impunidad.
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