Fueron más de cinco años los que duró la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fuertemente cuestionada desde un inicio, tal reforma logró, con base en acuerdos y en búsqueda de la rentabilidad de la educación a nivel nacional, mantenerse hasta que los tiempos políticos en el país se lo permitieron.
Porque ante la llegada de López Obrador a la presidencia muchas situaciones iban a cambiar y, como lo dijo desde campaña el tabasqueño, la reforma educativa sería uno de los principales objetivos anotados en la agenda legislativa morenista. El día llegó y los diputados sepultaron la reforma peñanietista para darle paso a la obradorista, fue en la madrugada de ayer que San Lázaro presencio el entierro de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo.
Si bien la bancada del PAN se abstuvo de votar por su rechazo a que los derechos laborales vuelvan a ser regidos por el artículo 123 constitucional, a final de cuentas las manos hacia como señal aprobatoria se impusieron de forma contundente (381 a favor por 79 en contra y dos abstenciones). Es decir, en este sentido se vuelve a lo que se venía manejando hasta antes de que la pasada administración metiera mano en la educación en México.
Ahora le corresponderá a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a ca4go de Esteban Moctezuma, determinar la forma de asignación de plazas. Esto se definirá con la elaboración de las leyes secundarias, las cuales, dijo el secretario, se harán sobre «una mesa de cristal» para transparentar lo mayor posible este tan sopesado tema.
Es precisamente en este sentido que los blanquiazules han señalado que el regreso de los derechos laborales de los docentes a lo estipulado en el artículo 123 se puede prestar a mantener la vieja y turbia práctica sindical de la venta (casi subasta) de las plazas magisteriales. Moctezuma argumenta que esto no ocurrirá y que será el Estado el único con la atribución para repartir plazas de la manera más justa e imparcial posible, con base en el mérito y no en el compadrazgo.
El panista Romero Hicks sugirió que CNTE y gobierno federal pudieron acordar algo espurio y «por debajo del agua» con tal de darle celeridad a esta aprobación; mientras que López Obrador externó que se tienen «un problema menos».
Parece que al gobierno encabezado por el tabasqueño se le está haciendo una práctica común esa de acelerar los procesos sin reparar en verificar pequeños puntos que posteriormente podrían tornarse mayúsculos; ahí está el ejemplo del cerro no visto en Santa Lucía y las decisiones impositoras del Tren Transístmico.
La prisa y las malas prácticas suelen ser malas consejeras. Esperemos que con el paso del tiempo no se den cuenta que para preservar el poder es menester ejercerlo, primero, de forma correcta. El crédito y la aprobación popular ganada el 2 de junio del año pasado pueden revertirse y el próximo funeral simbólico podría tener como protagonista algo más que la cotrarreforma recién aprobada.
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