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Con esto se notifica la sentencia del pasado 28 de noviembre.

En el documento se acota que no todos los autores del operativo, intelectuales y materiales, fueron investigados, juzgados y sancionados.

A poco más de 12 años de que la policía realizara abusos de autoridad y poder en contra de algunos pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reafirmó que el estado mexicano fue responsable de estos actos que violentaron a las personas involucradas.

«El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas», manifestó la Corte IDH sobre la violación a los derechos humanos de la que fueron víctima 11 mujeres entre el 3 y 4 de mayo de 2006.

En la sentencia adoptada el pasado 28 de noviembre se refiere que «la Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos».

Aquella ocasión de violentaron los derechos humanos de 11 mujeres de San Salvador Atenco, quienes fueron detenidas de forma arbitraria y sufrieron de abuso físico, psicológico y sexual por parte de algunos policías que participaba en el operativo; además, padecieron la falta de acceso a la justicia, se indica en el documento.

En este sentido, la Corte IDH reiteró que no todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, fueron sometidos a la justicia, por lo que emitió la orden de hacer una nueva investigación que transparente los actos ocurridos y ayude a dilucidar la responsabilidad de las autoridades estatales y federales.  «El cumplimiento cabal y pronto de la sentencia notificada hoy por la Corte será una clara muestra del compromiso del nuevo gobierno en materia de derechos humanos», asevera el comunicado de prensa emitido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Cabe mencionar que el Estado mexicano se encuentra obligado a cumplir las determinaciones de la Corte Interamericana, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cataloga las sentencias de la Corte IDH como vinculantes para nuestro país.

 

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