Con una votación de 6-3, el máximo tribunal tumbó el decreto presidencial que buscaba restringir el derecho de suelo; el fallo blinda el estatus de 250 mil bebés al año.

Vía NotiPress: El andamiaje constitucional de los Estados Unidos ha frenado de manera tajante una de las promesas migratorias más radicales de la administración republicana. Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump con la que pretendía abolir el reconocimiento automático de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular. Con una resolución de seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal de la nación ratificó la vigencia plena de la Decimocuarta Enmienda, sepultando de forma definitiva un decreto que amenazaba con sumir en el limbo legal el estatus de hasta 250 mil recién nacidos por año y que permanecía congelado por los tribunales federales desde su emisión en los albores de 2025.

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El dictamen del tribunal, plasmado en una histórica sentencia de 194 páginas, contó con el respaldo del bloque liberal y del magistrado conservador Brett Kavanaugh, además del voto decisivo del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien se encargó de redactar la opinión de la mayoría. Roberts invocó los principios éticos y soberanos surgidos tras la Guerra de Secesión para desestimar los argumentos jurídicos de la Casa Blanca orientados a restringir los derechos de suelo en las aduanas estadounidenses:

“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores [de esa enmienda] ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa… Es un mundo nuevo, pero la Constitución sigue siendo la misma”, sentenció  el magistrado John Roberts durante las audiencias previas.

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El peso histórico de la Decimocuarta Enmienda

La controversia jurídica central giró en torno a la interpretación literal de la cláusula de ciudadanía ratificada en 1868 tras la abolición de la esclavitud. El bloque conservador disidente, integrado por Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, quedó en minoría frente a una jurisprudencia que arrastra más de un siglo de estabilidad institucional. El fallo invoca directamente el precedente histórico de 1898 (United States v. Wong Kim Ark), juicio en el que la misma Corte determinó que un hijo de padres de origen chino nacido en San Francisco gozaba de la nacionalidad universal, invalidando los criterios de exclusión racial y migratoria de la época.

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Un pleito político que llegó al estrado

El proceso estuvo marcado por un despliegue de alta tensión política en Washington. El presidente Trump asistió personalmente a los alegatos iniciales de abril, un gesto sin precedentes para un mandatario en funciones, abandonando la sala tras la exposición de su abogado, John Sauer, para evitar escuchar los argumentos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

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Tras difundirse el revés judicial este martes, el Ejecutivo estadounidense manifestó su rechazo absoluto a través de su plataforma Truth Social, reiterando su postura de que la Unión Americana es el único país del mundo en mantener lo que considera un esquema disfuncional. Pese al malestar de la Casa Blanca, el fallo del Supremo cierra la vía ejecutiva y mantiene blindada la ciudadanía automática por suelo, garantizando la estabilidad legal para las familias inmigrantes y limitando las excepciones exclusivamente a los hijos de diplomáticos extranjeros con credenciales en la nación.