El @TSJCDMX consideró que un juez, en un arranque de ira, puede dañar el mobiliario que se le proporciona y, para perdonarlo, solo basta con pagar lo que rompió.
Ante los hechos suscitados el pasado 9 de junio de 2017 a las 9:44 h. en la Sala 11 correspondiente al Tribunal Superior de Justicia capitalino del Reclusorio Oriente, en los que el Juez 23 de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, rompió con un objeto punzocortante el sillón ejecutivo, donde minutos antes había realizado una comparecencia, esta mañana, el equipo de Hoy Novedades @ElNovedadesCom estuvo presente en la audiencia encabezada por la jueza de control Victoria Arreola Valdés, en la que el ahora imputado, decidió resarcir dichos daños al mobiliario a través de un Acuerdo Reparatorio a favor del TSJCDMX, por la cantidad de $1,200.00 pesos, misma que se pagó 45 minutos después a través de un billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Poner en duda la integridad de un juez por maltratar una silla que ocupa para ejercer sus funciones, pudiera parecer para muchos de nosotros un acto iracundo, sobretodo si con antecedes, <<Su Señoría>> ha demostrado ejercer y manifestar su furia contra agentes del Ministerio Público de la @PGJDF_CDMX así como contra abogados que a su consideración han sido “incompetentes”, lo que ha resultado también en denuncias de la propia Procuraduría en su contra.
El hecho es que, durante la audiencia en la que ya se había expuesto que el Acuerdo Reparatorio giraba a su favor, el Juez Rodríguez Beiza solicitó espléndidamente ejercer su derecho para declarar una vez que la imputación del delito determinara que cometió “daño a la propiedad de forma dolosa” y este al ser un delito menor procedió solo con reparar el daño y tener la venía por parte del Tribunal Superior de Justicia, aseverando que se habían presentado pruebas ilícitas ya que se habían filtrado fotografías y video sobre un caso de alta confidencialidad, lo que deja en tela de juicio la responsabilidad del TSJCDMX al difundir información, así como intervenir comunicaciones entre los imputados y sus defensores, situación que detectamos al momento que el mismo juez se alejaba y tapaba con una mano el micrófono, cuando consultaba a sus abogados antes de que diera inicio la audiencia.
Sin embargo, surgieron a la luz, gracias a esa declaración que pareciera no tener nada que ver con su defensa, un listado de más de 50 motivos que la Procuraduría manifestó en su contra, donde él expresamente explica y señala las responsabilidades de servidores públicos que han cometido actos de corrupción que han dificultado el acceso de justicia de las víctimas, así como tortura, indicando que en específico el Agente del Ministerio Vicente Juan Sosa Torralba ha omitido información sobre casos particulares que han dejado en libertad a posibles responsables.
Por lo anterior, Hoy Novedades entrevistó al Juez Rodríguez Beiza para conocer su versión de los hechos.
Estuvimos en su audiencia y nos pareció que no quedó claro el porqué, usted rompió la silla.
En realidad, detrás de este asunto, que es solamente una treta mediática montada por la Procuraduría de la ciudad, para sacarme de funciones. Saben que está el ejercicio y la función legítima de un servidor que nunca ha callado cuando se ha percatado de violaciones graves al Debido Proceso, por parte de los agentes del Ministerio Público.
Lo que en realidad sucedió con el tema del bien mueble fue que, en relación con el personal administrativo del Tribunal, y de mala fe, estaban colocando este bien en distintas salas para reírse francamente de los juzgadores, cuando al sentarnos sufríamos la proyección en el mueble.
Llegué a la conclusión, junto con algunos otros compañeros ―cuyos nombres me reservo― que la única solución era inhabilitarla. Por cierto, la silla en cuestión ya estaba rasgada del respaldo; lo único que un servidor hizo fue terminar de aperturar el forro para que, por fin y de una vez, lo cambiaran y evitar que otros compañeros fueran el hazmerreír.
Porque, debo decir, incluso un juzgador estuvo ya a punto de caer precipitado al piso. Y esta burla me parece que es insostenible. Y no es por nuestra persona, es por la función. Si el país no quiere jueces que tengan la libertad de decidir, no quiere jueces a los que se respete, está enfrentado a una justicia como la que hoy tenemos, en la que, abiertamente, se mangonea al poder judicial desde la esfera política del ejecutivo.
Definitivamente, ante las cámaras, su acción se percibe como iracunda, ¿por qué romper una silla, si podría simplemente solicitar el cambio?
Porque lo habíamos pedido en numerosas ocasiones. En numerosas ocasiones ya habíamos hecho esa solicitud y nadie había dado una respuesta a dicha.
¿Cuál es su definición de justicia?
Para mí, la justicia, tal y como la entendió Justiniano, es el sentido de dar a cada quien lo que le corresponde.
Y sobre ese bien mueble ―recuerdo― tenía garantía. No se generó nunca un daño al patrimonio del Tribunal Superior de Justicia, era un bien en mal estado.
Supimos que su asistente personal filtró algunas fotografías y videos en su cuenta de Facebook, ¿esa acción es meritoria de alguna sanción? y ¿cree que eso esté vinculado a las represalias por parte de la Procuraduría, como lo mencionó?
Quisiera atender solamente este punto en relación a que «Mi asistente personal». Les recuerdo que el personal con que cuenta cada órgano jurisdiccional no cuenta con claves de acceso a las videograbaciones informáticas.
Estas videograbaciones solamente pueden ser accesadas desde el personal de informática y el personal de gestión judicial. Los que están, por ese mismo hecho, directamente involucrados ―y debo ser enfático― en la intervención ilegal de comunicaciones que se celebran entre los imputados y sus defensores en las salas de audiencia; no obstante, el Tribunal debe garantizar que esas conversaciones sean totalmente privadas.
Hay un video que nuevamente se filtró, en el que usted resulta un poco agresivo con un abogado y, prácticamente, le dice que no tiene la facultad para ejercer, ¿qué puede comentar al respecto?
Me gustaría que investigaran muy concretamente sobre ese hecho, sé perfecto a cuál se refieren. Ese es un asunto lamentable, dos delitos de robo cometidos en el mismo día, con separación de 30 minutos entre uno y otro. Un grupo de personas ingresan primero a una estética y roban a todas las personas que se encuentran ahí; salen, se conducen a otro sitio, entran a un bar y hacen lo propio. Se logra la detención, el Ministerio Público lleva el planteamiento de ese asunto a audiencia, pero se «equivoca» ―entre comillas lo digo― entonces, no señala la totalidad de las víctimas en ambos asuntos ni señala la totalidad de los objetos de que cada una fue desprendida.
Un servidor tuvo, en ese momento, esa audiencia inicial. Señalé enfáticamente estas cuestiones, sus consecuencias, le di vista al procurador, a Rodolfo Ríos, sobre el actuar del Ministerio Público que estaba atropellando los derechos de las víctimas y no se hizo absolutamente nada.
Por azares, me tocó entrar a la audiencia por la que ahora me preguntan, de corte intermedio, en donde el propósito es la admisión de las pruebas para ir a juicio oral. En esa audiencia, los ministerios públicos que suben cometen otras violaciones más contra las víctimas, palpables en la audiencia pública y entonces hago ese nuevo pronunciamiento, exigiendo que se respeten nuestros derechos.
Se vuelven a atropellar en numerosas ocasiones, el Ministerio Público, en ese momento, reconoce ni siquiera dominar el asunto. Entonces, yo le digo que si ese es el tema se declare incompetente, y no me refiero como un adjetivo a la persona, sino a la función. Él dice: «sí» y sale de la sala.
Un servidor nunca le dijo incompetente en tono de denostamiento; fue él quien reconoció su incompetencia técnica para llevar el asunto. En ese asunto, las víctimas mismas solicitaron que se diera intervención a la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Quisiera pensar que dicha entidad ha hecho lo propio para que se sancione a esos servidores públicos.
Sabemos que hay supuestas denuncias presentadas por la Procuraduría en su contra…
Particularmente, hay una que tiene lugar con relación a un personaje obscuro de la Procuraduría. Esta persona, Vicente Juan Torralba, agente del Ministerio Público, sabe ―porque se dice que es perito en la materia― que si hay una persona detenida y la Procuraduría solicita se genere audiencia para que un juez determine si es legal la detención, porque en el Estado mexicano ese es el derecho, el proceder; pero sabe que si no va a la audiencia, hay un artículo que expresamente ordena al juez poner en libertad a la persona, porque la implicación del constituyente es que entonces el Ministerio Público, depositario de la acción penal, no tiene la intención de proceder contra la persona.
Bien, pues, en efecto, en ese asunto, esta persona, Vicente Juan, no llegó a la audiencia. Hice un receso, bajo los extremos que la ley me permite, con la prevención para el Procurador, inmediata y urgente, que si no llegaba ningún agente del Ministerio Público, pues la consecuencia de ley era la libertad del imputado.
No solo no llegó nadie, a pesar de que se notificó al propio Procurador, en la oficina del Procurador, no llegó nadie: ordené la libertad.
Inmediatamente después, el entonces fiscal de procesos del Reclusorio Oriente, fue, en persona, a mi oficina, a amenazarme directamente, dijo por señalamiento al Procurador y de la Subprocuradora, entonces en el cargo. En el sentido de que tenía que ser más flexible con relación a sus agentes del Ministerio Público; díganme, ustedes, si esto puede hablar de transparencia: Un juez amenazado en su propia oficina, directamente a instancia de un procurador y por un fiscal.
Por último, me gustaría saber su opinión sobre las personas que suben de puesto por chapulinazo.
Déjeme decirle lo siguiente: En el Poder Judicial ―le voy a comentar, por lo menos, lo que en mi experiencia vivida sucedió― no solamente puedo decir, y con mucho orgullo, que no tengo ningún pariente en el Poder Judicial, sino que ni siquiera tengo alguno que sea abogado.
Yo vengo de una línea de trabajo del orden más bajo en el Tribunal y gané como se debe ganar la designación de juez, en un concurso por oposición, bajo las directrices constitucionales. Así fui designado. Y yo confío en que, en el Tribunal, todos mis compañeros jueces, lo han logrado legítimamente y vía concurso de oposición como en general está documentado.
Ante la audiencia presenciada, pudimos concretar las necesidades de nuestros servidores públicos, desde terapias de control de ira, hasta capacitaciones para enfatizar el compromiso y la responsabilidad que tienen al estar en sus manos la libertad de una persona así como el derecho a que se ejerza la justicia.
Por: Vlansch Rodmor y Mimí Kitamura
HOY NOVEDADES/MI MÉXICO
