La Fiscalía estatal anticorrupción fue creada antes de que se emitieran las leyes generales en la materia.
La Fiscalía fue declarada inconstitucional, dado que fue creada antes de que se emitieran las leyes generales Anticorrupción; delitos formulados contra Padrés quedarían sin efecto.
Una violación a la reforma constitucional en materia Penal y Administrativa en el estado de Hermosillo podría dejar sin efecto las acusaciones de la Fiscalía de Sonora en contra del ex gobernador Guillermo Padrés.
De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado en la materia, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora se creó antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales del Sistema Anticorrupción. Al ser la fiscalía quien formuló los delitos en contra del ex gobernador, estos quedarían sin fundamento.
Fue el pasado 16 de marzo cuando el juez federal Manuel Rivera Navarro, declaró inconstitucional la Fiscalía, hecho que fue corroborado por unanimidad por los magistrados del Poder Judicial de la federación.
Así, en 10 días quedará lista la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, en donde se confirmaría la sentencia en contra de Padrés, en las cuales se determina que las investigaciones quedan sin efecto.
De acuerdo con el fallo, la Fiscalía fue creada el 28 de septiembre de 2015 y fue abierta con pleno desconocimiento de la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich en torno a los decretos bajo los cuales debería instrumentarse. Según el juez Rivera, por mandato constitucional, el Sistema Estatal Anticorrupción debía adecuarse a una serie de normas, hecho que no sucedió y por lo que las acusaciones en contra del panista, quedarían nulificados.
«La gobernadora no solo hizo uso de una facultad que no le correspondía al crear la Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción, sino que también lo hizo en una época en que les estaba vedado, aún, a los propios Congresos Estatales», dice la resolución.
Cabe señalar que esta no fue la única acusación interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, sino que existen otras más en contra de funcionarios estatales que ejercieron su cargo durante la gestión de Padrés y cuyos delitos serían insostenibles bajo el mismo recurso.
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