Son ya 11 días desde que arribaron a la capital en búsqueda de solución a sus demandas.

El desplazamiento de pobladores es consecuencia de la disputa entre grupos criminales; denunciaron omisión por parte del presidente.

Desde noviembre de 2018, 1 600 personas de ocho comunidades de Guerrero tuvieron que dejar sus poblados ante la presencia de grupos armados que, bajo el nombre de Policía Comunitaria, comenzaron a disputarse la región comprendida por el municipio de Leonardo Bravo, ubicado en la región centro de la entidad.

Ante la falta de atención por parte de los gobiernos locales, viajaron a la Ciudad de México e instalaron un plantón a las afueras de Palacio Nacional desde donde esperan les sea concedida una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son ya 11 días desde que cerca de 300 guerrerenses han solicitado la atención del jefe del ejecutivo sin éxito.

Los representantes de esta movilización han señalado que incluso buscaron reunirse con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), cuya oficina se comprometió a gestionar la audiencia con López Obrador.

En un acto informativo, señalaron que este plantón está conformado por 73 familias oriundas del municipio antes mencionado y 18 más de Zitlala, en representación de los más de 1 600 desplazados en Guerrero.

Alertaron que el gobierno federal únicamente ha enviado a personal de la oficina de Atención Ciudadana: «A nosotros no nos basta con que nos haya recibido la licenciada Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana del Gobierno federal; no nos sirve si nos recibe Félix Santana (director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos) o si nos recibe Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos), si no nos dan una respuesta que satisfaga las peticiones de esta gente».

En compañía de los desplazados se encuentra el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quien sostuvo que la demanda es clara: el repliegue de los grupos armados que asedian la región. Abundó en que de no cumplirse con ella, los desplazados que permanecen en Leonardo Bravo y otros municipios aledaños, corren el riesgo de que los criminales arremetan en su contra.

Denunciaron que el pasado lunes, abordaron al presidente cuando arribaba a Palacio Nacional para realizar su acostumbrada conferencia matutina, sin embargo solo pidió a Leticia Ramírez que los atendiera y les hizo saber que podían estar ahí el tiempo que quisieran, puesto que tienen derecho a la libre protesta. «Queríamos confiar con que realmente contamos con un gobierno diferente, más sensible, y la realidad nos está mostrando lo contrario», dijeron.

HOY NOVEDADES/MI MÉXICO