En marzo de 2006, la vida se volvió una venenosa pesadilla para Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, al ser acusadas de secuestrar a seis integrantes de la entonces Agencia Federal de Investigación. Así, detenidas bajo engaños, las mujeres Hñähñú fueron remitidas y presentadas ante los medios, como unas peligrosas criminales.
Tuvieron que transcurrir 11 años para que, por primera vez en la historia de México, la PGR anunciara que ofrecería una disculpa pública, luego de que el TFJA determinó en sentencias separadas que los servidores de la Procuraduría cayeron en irregularidades, causando daños morales y materiales a las tres mujeres indígenas y, por ello, ordenó que se les indemnizara y se reconociera su inocencia a través de dicho acto público.
Raúl Cervantes Andrade, en su semblante de «abogado de la nación», fue el encargado de pedir perdón a las comerciantes de muñecas de trapo, verduras y aguas frescas.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa comenzó el 26 de marzo de 2006, en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, luego de que seis agentes de la AFI, despojaron a comerciantes de sus mercancías y acusaron de que se trataba de piratería.
Cuando los vendedores exigieron que los autores se identificaran y exhibieran la orden que avalara el desalojo, los elementos dejaron la comunidad y acordaron, con los comerciantes, pagar por los daños causados; sin embargo, cinco meses después, las mujeres fueron detenidas bajo engaños y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de los oficiales de la agencia federal.
La organización Amnistía Internacional México declaró a las tres indígenas «presas de conciencia», debido a que realizó una investigación en la que concluyó que no existía ningún elemento probatorio que demostrara la comisión de delito.
El caso llegó a oídos del Centro de DDHH Miguel Agustín Pro Juárez, quien se hizo cargo del tema y emprendió una batalla legal que termina hoy 21 de febrero, logrando una disculpa sin precedentes.
El evento que forma parte de la reparación del daño que ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo lugar en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, contó con la participación de las víctimas y del maestro Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal.
Hoy, Jacinta, Alberta y Teresa son protagonistas de un acto histórico, en el que el Estado mexicano osa cauterizar aquellas heridas profundas que, con mucha irresponsabilidad, marcaron en sus vidas.
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