En los siguientes días será evaluada por el pleno de San Lázaro para su aprobación.
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó esta ley por 18 votos a favor, a pesar del repudio de organizaciones de la sociedad civil.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron, por 18 votos a favor por parte de los diputados del PRI, PVEM y Nueva Alianza y 13 en contra por parte de los representantes del PAN, PRD, Morena y MC, el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, con la que se espera regular las tareas realizadas por las fuerzas armadas.
Este dictamen permite al presidente de la República enviar, por solicitud de las autoridades estatales, a las fuerzas armadas a zonas de conflicto en donde la policía local se haya visto rebasada.
Esta ley ha sido muy criticada por diversos sectores, ya que se considera contraria a lo establecido por los tratados internacionales, así como a las recomendaciones de la ONU y CIDH, las cuales exhortan al gobierno de México a ordenar la retirada de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
A esto, se suma el hecho de que la implicación de las fuerzas armadas en estas tareas ha traído consigo un cúmulo de problemas que en nada han disminuido la violencia que se vive en el país y, en dado caso, se han visto violentados los derechos humanos de la ciudadanía.
Este decreto precisa, entre otras cosas, que la Declaratoria únicamente podrá ser decretada cuando las fuerzas federales resulten insuficientes para contener la amenaza. Además, señala que la intervención de la Federación no podrá exceder de un año. En otro artículo, aclara que la protesta social jamás podrá ser considerada como una amenaza a la seguridad interior.
Los integrantes de las bancadas que votaron en contra señalaron que no existe posibilidad de que esta esta ley permita que la inseguridad en el país disminuya y mucho menos colabora en la solidificación de las corporaciones policiacas locales.
Ahora, esta iniciativa será enviada a San Lázaro, donde será votada para su aprobación o derogación por el pleno.
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