En un gesto que ha provocado indignación pública, los legisladores de la anterior Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se otorgaron un bono de despedida que alcanzó los 3 millones de pesos por diputado, para un total de 198 millones de pesos entre los 66 congresistas. Este monto, destinado a tres diferentes partidas, superó las cifras iniciales reportadas y generó críticas tanto por el despilfarro como por la opacidad en la gestión de los recursos.
Detalle de las partidas entregadas
De acuerdo con un informe de la Tesorería del Congreso, el dinero se distribuyó de la siguiente manera:
- Apoyo Fin de Legislatura:
- Pago mensual de 312,500 pesos por diputado desde enero hasta agosto de 2024.
- Total por legislador: 2.5 millones de pesos.
- Monto global: 165 millones de pesos.
- Apoyo 2024 (Pago único en agosto):
- Pago adicional de 350,000 pesos por diputado.
- Monto global: 23.1 millones de pesos.
- Remanente 2023 (Pago único en agosto):
- Otro pago único de 150,000 pesos por diputado.
- Monto global: 9.9 millones de pesos.
Una cantidad desmesurada
El costo total del bono de despedida equivale a recursos que podrían haberse empleado en atender necesidades prioritarias en la ciudad. Por ejemplo:
- Los 198 millones de pesos habrían permitido tapar alrededor de 3.7 millones de baches de 0.5 metros cuadrados, considerando que la Secretaría de Obras reporta un costo promedio de 52.5 pesos por bache.
- La cifra también supera por mucho los recursos destinados a diversos programas sociales en la ciudad.
Críticas por despilfarro y opacidad
El entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, cuestionó de forma enérgica esta entrega millonaria, calificando el bono como innecesario y fuera de lugar:
“En cualquier Congreso y en la Administración Pública, no deben existir estos llamados bonos de marcha.”
Además, el proceso para conocer detalles sobre el uso de estos recursos estuvo plagado de opacidad. Se reportó que la información solicitada inicialmente fue negada por el área de Transparencia del Congreso, argumentando que no existían documentos públicos sobre la entrega. Posteriormente, se permitió acceso limitado bajo condiciones estrictas:
- Se prohibió tomar fotografías o hacer anotaciones de los documentos revisados.
- Los archivos estaban en bases de datos contables difíciles de interpretar sin conocimientos especializados.
- Personal del área de Tesorería y Transparencia supervisó de manera estricta la consulta para evitar filtraciones.
Sin embargo, un informe interno titulado Prerrogativas Ordinarias y Extraordinarias de la Segunda Legislatura al que este medio tuvo acceso confirmó que el bono sí se otorgó en las cantidades señaladas.
Un Congreso cuestionado por su desempeño
El polémico bono ha provocado aún más críticas debido al desempeño de la Legislatura saliente. Esta ha sido calificada como una de las que más rezago legislativo dejó en la historia reciente, con pocos avances significativos en materia de leyes prioritarias para la capital.
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Pese a los beneficios económicos que recibieron, los diputados dejaron pendientes numerosos temas relacionados con infraestructura, seguridad, desarrollo social y combate a la corrupción, lo que aumenta el malestar ciudadano ante el uso de recursos públicos para beneficios personales.
La obligación de transparentar
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las percepciones de los servidores públicos deben estar abiertas al escrutinio ciudadano. Esto incluye sueldos, prestaciones, bonos y otros ingresos, lo que contrasta con las medidas tomadas por el Congreso de la CDMX para mantener oculta esta información.
El caso de los bonos de despedida pone en evidencia la falta de mecanismos efectivos para garantizar la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos y abre el debate sobre la necesidad de regular este tipo de beneficios dentro de los Congresos estatales y locales.
Con información de medios.
KJCS
