Tan chacales somos…
Si bien el sexenio de Enrique Peña Nieto no fue para nada alentador, el 2014 marcó un antes y un después de su paso por la Presidencia de México.
Tras «el gran inicio» del sexenio de Enrique Peña Nieto, luego de que consiguiera la aprobación de la oposición con quien firmó el Pacto por México, y luego de meter a la cárcel a Elba Esther Gordillo para abrir paso a la Reforma Educativa, el año 2014 puede ser considerado como el gran bache de este sexenio.
El panorama mundial no es el mejor desde hace unos años, sin embargo, en este siglo el peor escenario fue durante la crisis de 2009, enfrentada por Felipe Calderón, hecho del que, sin mucho margen de maniobra, el expresidente salió avante. No así de otra decisión que hasta el momento le ha causado muchos muertos a nuestro país.
Con Peña Nieto, según se documenta, la economía no creció ni la mitad de lo que prometió en su campaña. En campaña, dijo que el crecimiento económico sería de 6 por ciento, ante el 2.3 que ha conseguido. Sin crisis económica a nivel mundial, Peña no logró realzar la calidad de vida y, de hecho, vimos crecer la cantidad de pobres, llegando a 48 por ciento de la población.
En 2014, la crisis del petróleo hizo que la mezcla mexicana cayera en su costo en un 25 por ciento en tan solo cuatro meses. La crisis del crudo permaneció hasta 2016 y, desde aquel año, ha tratado de recuperarse sin dar signos alentadores. Este hecho tuvo una consecuencia real en la economía mexicana, dado que la venta de petróleo representa un tercio de los ingresos estatales.
En junio de ese nefasto 2014, militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, hecho que se supo meses después, explotando finalmente en octubre cuando los medios y diversos testigos comenzaron a mostrar la crudeza con la que se conducen las fuerzas armadas en nuestro México.
El lugar fue alterado, de acuerdo con algunos testigos y con investigaciones realizadas. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 51/2014, en la cual dan fe de evidencias, documentos y entrevistas que comprueban lo antes dicho. Todo esto con la intención de simular muertes que habían tenido lugar en un supuesto enfrentamiento.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia estrella del gobierno federal, glorificada por haber constituido la Reforma Educativa, buscaba implementar un nuevo Plan de Estudios en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como constituir un nuevo reglamento interno. El 17 de septiembre de dicho año, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) sería oficialmente la iniciadora del movimiento #TodosSomosPolitécnico, con un paro indefinido.
Los politécnicos se desmarcaron de todos los movimientos surgidos de forma paralela y, el 3 de octubre, 20 mil estudiantes acudieron a la Secretaría de Gobernación a entregar un pliego petitorio, el cual fue recibido por Miguel Ángel Osorio Chong, pues el titular de Educación se encontraba indispuesto a recibirlos. Este fue el primer logro estudiantil contra el gobierno federal, al menos de este sexenio, el cual se resolvió en diciembre cuando la Asamblea General Politécnica (AGP) llegó a un acuerdo con el director Enrique Fernández Fassnacht y autoridades federales.
En septiembre 26 de 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, boteaba para conseguir recursos con los cuales viajarían a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre, sumándose a la memoria de quienes cayeron en la Plaza de las Tres Culturas en manos del Batallón Olimpia y del Ejército Mexicano.
No lograrían su cometido, puesto que, tras tomar autobuses para trasladarse, fueron detenidos por policías municipales quienes abrieron fuego, lesionando a varios estudiantes. Tras ser detenidos, según la Verdad Histórica ―construida por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam―, los estudiantes fueron llevados al basurero de Cocula en donde fueron quemados y, posteriormente, esparcieron sus cenizas en el Río San Juan.
Agentes externos llegaron a nuestro país para colaborar con las investigaciones, no obstante fueron echados por las autoridades mexicanas de manera «muy sutil». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizaban investigaciones que contradecían lo sostenido por el gobierno, situación que no gustó y por lo cual, sus servicios no fueron requeridos para concluir las pesquisas.
Un mes más tarde y con esta polémica ardiendo, el equipo de la periodista Carmen Aristegui, quien se encontraba al frente de un equipo en MVS Noticias, sacó a la luz el reportaje titulado «La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto», el cual exponía que el presidente en turno ostentaba una casa con valor de 7 millones de dólares y que, además, fue construida por el Grupo Higa, cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa Cantú, invitado especial durante el Sexto Informe de Gobierno.
Este gran complejo ―revela el equipo conformado por Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Rafael Cabrera― fue edificado por quienes ganaron varias licitaciones en el Estado de México durante la gestión peñanietista, además de ser beneficiados con la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.
Tras este hecho, Peña Nieto fue señalado por actos de corrupción que intentó borrar pidiendo a su esposa, Angélica Rivera, que saliera a dar un discurso sobre la forma en la que fue comprada dicha casa. Ahora, Peña ha dicho que fue un error exponer a la Primera Dama de esa forma.
Aquel 2014 culminó, pero el daño sexenal apenas iniciaba. Ese año tuvieron lugar hechos que hasta el momento persiguen al mexiquense y por los cuales será recordado, dada la huella imborrable que dejó en todos y cada uno de los mexicanos.
Por César J.G.
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