En los últimos meses, la política mexicana ha estado marcada por debates intensos, sobre todo en torno a la reforma constitucional que modifica la estructura de los Poderes Judiciales locales y Federal; así como la propuesta que pretende desaparecer a diversos Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs). Estas medidas han generado ruido, movilizaciones y una cobertura mediática significativa. Sin embargo, dos reformas recientes han avanzado casi en silencio -por lo menos, en relación con lo vivido en el caso de las primeras dos-: la que afirma la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales y la relatividad de las sentencias de Amparo, y la que fortalece el rol de las Fuerzas Armadas en tareas civiles (incluso más allá de las actividades de seguridad pública). Es preocupante que hayan pasado casi inadvertidas, pese a tener un impacto potencialmente más profundo y menos reversible.
Lo que, en mi opinión, se constituye como la principal diferencia entre estas reformas y la llamada Reforma Judicial es la falta de incentivos políticos claros para contrarrestarlas. Me explico. Mientras que existe un sector de la sociedad mexicana (minoritario, pero importante en números), y de la comunidad internacional, dispuesto a revertir los cambios en el Poder Judicial y los OCAs, las otras dos reformas parecen no tener un frente opositor significativo. Ni en el ámbito nacional ni en el internacional se ha manifestado un interés proporcional al riesgo que implican. ¿Por qué es así?
Reformas inadvertidas: Inimpugnabilidad y relatividad del amparo
La reforma que deroga los mecanismos de control constitucional sobre la misma Constitución se presenta como un movimiento que garantiza la soberanía popular por encima de la “dictadura de los jueces”. Más allá de los múltiples argumentos jurídicos que se puedan esgrimir en contra de la reforma (mismos que seguramente se podrán encontrar en muchos otros textos), me gustaría plantear la pregunta: ¿qué gobierno, pasado o futuro, querría tener sobre su cabeza la posibilidad de que sus reformas en el más alto y fundamental ordenamiento jurídico puedan ser revisadas por un juez? Sabemos que de Morena y aliados no vendrá: fueron ellos quienes promovieron y aprobaron, unilateralmente, la reforma. Definitivamente no será el PAN, cuyo segundo presidente, Felipe Calderón, constitucionalizó las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa para evitar que su carácter de violatorias de Derechos Humanos fuera sancionado por la Suprema Corte. Tampoco creo que venga del PRI, pues sus “Reformas Estructurales” sólo estuvieron a salvo en tanto estaban en la Constitución. Del resto de partidos de oposición ya ni hablamos. El PRD ya no existe como partido nacional y MC no parece tener una ideología (¿o acaso defienden lo mismo Enrique Alfaro, Samuel García y Patricia Mercado?). Si el Poder de Reforma es absoluto, quien lo ostente no podrá ser detenido. ¿Hay mejor escenario para un gobierno con mayorías suficientemente grandes?
Militarización: El impacto de las Fuerzas Armadas en tareas civiles
Por otro lado, la reforma que consolida el papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles formaliza lo que por años ha sido un hecho consumado. Este proceso de militarización, lejos de ser transitorio, parece haberse normalizado. Y ha sido así con cada nuevo régimen que llega al país. El andamiaje institucional de la SEDENA (o DEFENSA, para el nuevo gobierno), la SEMAR y la Guardia Nacional sigue, hoy, el mismo modelo de partido de Estado instaurado por el PRI durante el Siglo XX. La transición a la democracia no se aprovechó para transformarlas en instituciones al servicio de lxs mexicanxs. Por el contrario, Calderón las volvió a ocupar para generar una guerra contra el narco con estragos que hoy resentimos más que nunca. El PRI, con la nueva oportunidad de gobernar, tampoco hizo un esfuerzo real por cambiar sus viejas mañas. Y luego, la esperanza que nos trajo López Obrador con sus promesas de campaña tampoco llegó a buen puerto. El proceso de militarización y militarismo sigue y sigue profundizándose. Y de hecho, toda la oposición, desde 2018 y hasta hoy, sigue dando esos llamados votos de confianza a los militares para encargarse de más y más tareas del orden civil. El riesgo, entonces, radica en que, aunque los militares han llenado vacíos de seguridad, su involucramiento constante puede comprometer los valores democráticos y las instituciones civiles. Países que han recorrido este camino han pagado un alto precio en términos de violaciones a derechos humanos y retrocesos democráticos. Francamente, no creo necesario ni siquiera voltear a la experiencia comparada. Bástenos con ver las estadísticas de denuncias y quejas ante organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales mexicanos en relación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En un país con niveles de violencia e impunidad como el nuestro, esta reforma da certeza de la total falta de compromiso del Estado con los estándares universales más básicos de democracia, justicia y paz.
Ambas reformas, en su aparente aceptación silenciosa, son un recordatorio incómodo de cómo los cambios trascendentales pueden pasar inadvertidos en una sociedad saturada de escándalos y conflictos. Más allá de los focos mediáticos, estas decisiones configuran el país que somos y seremos, y el silencio, esta vez, nos costará caro.
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