El miércoles, un juez federal ordenó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), permanecer sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte. Desde hace más de un año que se encontraba en libertad provisional.
La solicitud fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de Control, José Artemio Zúñiga, al considerar que Lozoya puede fugarse del país gracias que cuenta con recursos económicos, una red familiar nacional e internacional y su pena de cárcel podría ser de más de 30 años de prisión.
La decisión fue emitida ayer durante una audiencia que duró más de cinco horas, en la que, por primera vez, el exfuncionario se presentó físicamente en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y en la que también compareció su mamá y coimputada, Gilda Margarita Austin.
La FGR también informó que en agosto pasado la fiscalía recibió la traducción de los estados de una cuenta bancaria en Newbank, en Liechtenstein, a nombre de Zecapan, S. A., cuya sede está en las Islas Vírgenes y que era receptora de recursos de una firma offshore radicada en Brasil.
Entre febrero y marzo de 2014 esa cuenta bancaria recibió de la offshore 5 millones 951 mil dólares, que en noviembre de ese mismo año fueron cambiados por 4 millones 517 mil euros; de ese dinero se realizó una transferencia de 2 millones de euros a una cuenta de JF Holding, S. A., empresa de la que Lozoya Austin declaró ser accionista.
Debido a esto se consideró que Lozoya tiene acceso tanto al dinero como una red de ayuda que le permitiría sustraerse de la justicia, como lo demuestran las imágenes de Austin cenando en el restaurante Hunan.
Por el contrario, el abogado defensor de Lozoya, Miguel Ontiveros, pidió al juez valorar la posibilidad de sujetar a Lozoya Austin a prisión domiciliaria, pues afirmó que existe total disposición de reparar el daño y de seguir colaborando con la fiscalía para imputar a otras personas partícipes de actos de corrupción.
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