Asegura Javier Corral que EPN tiene miedo por su futuro, una vez que abandone la presidencia.
EPN disfraza de controversia institucional un amparo buscador para el caso Chihuahua.
Como un caso inédito se calificó la controversia constitucional que busca blindar al presidente de México, Enrique Peña Nieto (a poco más de un mes para que culmine su sexenio) y a algunos miembros de su gabinete, ante posibles investigaciones (futuras) y acciones judiciales contra funcionarios federales, emanadas por el gobierno de Chihuahua o el Poder Judicial del Estado.
En respuesta, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cuestionó las acciones del Jefe del Ejecutivo, asegurando que está preocupado porque «debe algo» y le «preocupa su futuro», pues una vez terminado su sexenio, el próximo 1 de diciembre, podrá ser juzgado como cualquier ciudadano, sin gozar de la protección que le brinda la presidencia.
No obstante, la controversia inicial fue ampliada por la Consejería Jurídica, pues presentó 35 páginas más en las que se recuerda que los funcionarios federales no pueden ser investigados por delitos del fuero común, debido a que afectan sus actividades; además señaló como inconstitucionales dos procedimientos legales que «invaden las esferas federales».
La respuesta del gobernador fue certera, afirmó que ellos no están investigando a funcionarios federales sino hechos, por lo que consideró que se está tomando a estos hechos como justificación para la aprobación de la controversia, es decir, «un conflicto entre poderes o actos de autoridad».
Cabe recordar que el presidente en turno solo puede acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, según señala el artículo 108 constitucional, empero, «a partir del 1 de diciembre, Peña podrá ser imputado por cualquier delito, incluso el de corrupción o el de destinar ilegalmente dinero público a las campañas políticas», mencionó Corral en una entrevista de radio.
De acuerdo al mandatario estatal, lo que el presidente pretende es conocer el origen y los avances de la investigación, lo que en términos jurídicos se conoce como «un amparo buscador, nada más que disfrazado de controversia constitucional. En realidad lo que pretende es conocer el contenido de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado».
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