ContraRéplica
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera exhibió los contratos irregulares firmados por Sonia Vargas Terreno, funcionaria investigada por haber colaborado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue contratada por el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Pese a ello, labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva durante la gestión del ex titular de la SSP, hoy encarcelado en Estados Unidos por sus vínculos con la delincuencia organizada, durante el sexenio de Felipe Calderón.
La mujer es señalada de haber firmado contratos en dólares con empresas ligadas con Genaro García Luna. Vargas Terreno firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares, sin verificar que fueran los mejores servicios contratados. Y desde el primero de abril de 2023 forma parte de las filas de los servidores públicos que se desempeñan en el Poder Judicial de la Federación.” Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales, en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”, dijo en la conferencia mañanera.
Señaló que los contratos se realizaron durante las dos administraciones pasadas, tanto con Felipe Calderón, pero también con Enrique Peña Nieto.
Del 2012 a 2018 también estuvieron involucrados funcionarios: Eugenio Ímaz Gispert, exdirector del Cisen; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como Enrique Salinas Romero, director General de la Política y Estadística Criminal, quienes son investigados por la Fiscalía General de la República.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo”, dijo. A través de esto se desviaron más de 700 millones de dólares, que el gobierno de México espera recuperar gracias a un juicio en Florida, Estados Unidos.
