Josué Zarasua
El proceso jurídico entre México y Guatemala durará de seis a doce meses, para extraditar al exgobernador de Veracruz, así lo manifestó el subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), siempre y cuando la defensa legal del bandido Javier Duarte, no obstaculice su proceso legal.
Además, Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, expresó que todas las vías de derecho son recurribles, entre ellas, el amparo.
No obstante, es bien sabido que «político rico, es político mañoso», y en ningún caso, la defensa legal de Duarte, dará brazo a torcer, ante la contraparte mexicana.
En una comparsa armada, esto podría significar una guerra con fines políticos, en el marco de las elecciones mexicanas, dado que se presentan las votaciones del Estado de México para este año y, claro, las presidenciales para el 2018; lo que dará vida, a grandes descalificaciones entre diversos bandos partidistas, cacería de brujas y, por supuesto, líneas vinculatorias de tráfico de influencias, peculado y corrupción entre las esferas de poder.
Lo anterior se configura con varios propósitos, mientras unos intentan conservar el poder que retornó en la transición del 2012, otros procuran regresar a él y algunos más, después de años de lucha, pretenden adquirirlo.
Lo que es cierto es que la justicia mexicana se tiene que ver hábil de cara al presente acontecimiento con Javier Duarte y demostrar, a los ciudadanos, que la actual administración federal, garantiza la justicia y el peso de ella.
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