Durante el periodo de transición en el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que está integrada por las 191 instituciones de educación superior, públicas y privadas, que hay en nuestro país. El encuentro se dio en el marco de la edición número 28 de la Asamblea General y ahí el entonces presidente electo se comprometió a mejorar la educación superior en México.
Fue en agosto pasado que se realizó el encuentro, en el que López Obrador recibió varias solicitudes. Por ejemplo, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió un aumento presupuestal del 4 por ciento, mientras que Mario Albero Rodríguez, director general del instituto Politécnico Nacional (IPN), señaló en esa reunión que ya le había pedido a la SEP un incremento del 10 por ciento. Al salir del encuentro, el tabasqueño declaró que las conversaciones se habían desarrollado en un tono afable y en buenos términos. Ese día el presidente electo no se comprometió a subir los recursos pero sí a mantener el presupuesto actual. No obstante, cuatro meses después, ya como presidente en funciones, López Obrador le dio un mazazo a la Anuies.
Bajo la premisa de «haremos más con menos», el fundador de Morena le redujo el financiamiento a la UNAM, el IPN y a la UAM. Las tres instituciones de nivel superior más importantes del país recibirían entre 1.03 y 3.43 por ciento menos de presupuesto. Al menos así se establece en la propuesta para el presupuesto del siguiente año. El mandatario también se excusa en el hecho de que, asegura, construirá 100 universidades públicas durante su administración, algo que luce complicado, más si se toma el parámetro en otros países: en Venezuela se edificaron 30 instituciones en 17 años y en Brasil fueron 14 universidades federales en el mismo número de años.
Al darse a conocer la noticia, las instituciones manifestaron su rechazo y, en el caso de la UNAM, le hizo un «respetuoso exhorto a los diputados y diputadas» a apelar al análisis y hacer «las modificaciones necesarias» al Paquete económico presentado por el gobierno federal; en el mismo comunicado, la Máxima Casa de Estudios del país recordó el «compromiso» que López Obrador hizo con los rectores en agosto.
Por otro lado, Calos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presentó, entre gritos y reclamos gráficos, en la Cámara de diputados para justificar el proyecto. Sobre el recorte a las universidades fue severo en su discurso y aseguró que suele gastarse mucho en gasto corriente («coches, servicios de seguridad, etcétera»), en pocas palaras criticó de forma frontal la forma en la que las instituciones distribuyen sus recursos. Parece que no firmó este compromiso ante notario público como gustaba hacerlo su predecesor pero esta afrenta representa un desafío más para el nuevo sexenio. López Obrador faltó a su palabra y eso puede costarle.
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