La Reforma Energética promovida por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto dio vida a la quimera del gasolinazo ―su cabeza, las manifestaciones; su cuerpo, la inflación y su cola, los saqueos a centros comerciales― que sí bien se gestó en enero, para el mes de febrero se prevé un nuevo incremento de hasta el 8 por ciento.
El gasolinazo, definido como un nuevo esquema de venta de los combustibles―es decir, un incremento del 20 por ciento a las tarifas―, se conforma por tres puntos básicos, la eliminación de un precio único, la apertura al mercado nacional de empresas privadas y el costo de los combustibles sujeto al precio internacional del crudo.
Este incremento paulatino fue anunciado por el gobierno en dos etapas. En la primera, que entró en vigor el primero de enero, se establecieron nuevos precios regionales máximos, de acuerdo con el costo de producción, el transporte y el almacenamiento.
En la segunda, el gobierno de Peña Nieto informó que se realizarían ajustes semanales en las primeras dos semanas de febrero y, a partir del 18 de ese mes, los precios serían fijados a diario; en otras palabras, de un día para otro los precios del combustible podrían incrementarse, al igual que el dólar en comparación con la moneda nacional.
Los factores que, de acuerdo con el ejecutivo federal, modifican estos precios son, en primer lugar, que el nuevo referente para las tarifas de los combustibles en territorio nacional, que durante 80 años fueron fijados por Petróleos Mexicanos, es el precio del crudo a nivel internacional, mismo que se eleva o reduce dependiendo de otros factores políticos y económicos.
Además, el costo del combustible será más elevado o más barato, dependiendo de la localidad, mientras más alejada de un puerto o refinería, más elevado será el costo, por los gastos de transporte y almacenamiento.
Asimismo, el gobierno aplica un impuesto de recaudación, denominado IEPS, a cada litro vendido, aunque, de acuerdo con Enrique Peña Nieto, este impuesto no se incrementará durante el 2017.
El gasolinazo que entró en vigor en enero afecto a la economía nacional; de entrada, las muestras de inconformidad fueron muchas, desde manifestaciones, bloqueos a carreteras, liberación de casetas y saqueos a centros comerciales.
Aunado a eso, durante ese periodo, tras la toma de posesión de Donald Trump, el peso volvió a perder fuerza frente al dólar y se presentaron los niveles de inflación más elevados, con una tasa anual del 4.8 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El panorama nacional no es alentador, incluso uno de los alimentos básicos en la gastronomía mexicana, la tortilla, ha alcanzado costos exorbitantes, con 21 pesos en algunas poblaciones; por esa razón, diversos partidos políticos que, antes se encontraban en una constante oposición, han unido sus voces en la misma frase: No es conveniente poner en marcha el gasolinazo de febrero, pues la unidad nacional que se ha creado tras las declaraciones de Trump sobre construir el muro fronterizo, se avivará con esa medida, y la quimera del gasolinazo podría aparecerse nuevamente, con los saqueos, la inflación que afectaría a la canasta básica y las manifestaciones en contra del gobierno federal.
Sin duda, para Peña Nieto, estos son momentos claves para crear estrategias competentes, tanto en la política exterior como en la económica al interior del país, de lo contrario, su mandato continuará perdiendo credibilidad y para el PRI no sería lo más conveniente, rumbo a las elecciones del 2018.
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