Los feminicidios son atroces por naturaleza, pero el impacto de estos delitos se multiplica cuando la víctima es una menor de edad. Desafortunadamente vivimos en un país en el que las mujeres no solo deben enfrentarse a la discriminación por su género sino a la violencia ejercida en su contra, no solo a la violencia física por parte de sus agresores y asesinos sino también a la violencia tácita que ejercen sobre ellas las autoridades que minimizan o ignoran el problema.
Una de las entidades más pobladas del país, el Estado de México, se convirtió durante el sexenio pasado en un foco rojo en cuanto a feminicidios. De acuerdo con un reporte de la Comisión Especial para Combatir y erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en la entidad, en el 2012 se registraron 911 casos y, para el año pasado, la cifra total fue de 5 878; es decir, en seis años se presentó un aumento de más del 500 por ciento. Cabe resaltar que 4 575 de estos delitos siguen sin resolverse.
De hecho el año pasado la entidad mexiquense se posicionó como la número uno en este tipo de delitos con 106 feminicidios, según datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública. No obstante, el Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios (Mexfem) señaló que fueron alrededor de 300 los casos que realmente se presentaron.
Para Mexfem este año la inercia continúa ennegreciéndose en el Estado de México : en los primeros 20 días de enero se advirtieron 22 feminicidios. El más reciente de estos delitos es el de Giselle, niña de 11 años que fue vista por última vez en Chimalhuacán el 19 de enero para ser encontrada sin vida el sábado en Ixtapaluca. Su cuerpo se halló entre la maleza de un terreno baldío, con la mitad de la piel carcomida. Atroz escena de solo imaginarla pero tan digna y representativa del país en el que nos tocó vivir.
Los familiares de la menor externó que en el Ministerio Público tardaron seis horas para levantar la demanda y que las autoridades municipales les negaron la revisión de los videos al argumentar que las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue vista Giselle el fatídico día no servían; después les entregaron videos que no correspondían con los hechos.
Si ese es el nivel de efectividad y servicio de nuestras autoridades, estamos en el hoyo. Si el nivel de análisis y sentido común de nuestros políticos es como el de Ana Miriam Ferráez Centeno, diputada veracruzana que sugirió toque de queda para que las mujeres no salgan de su casa después de las 10 de la noche para evitar más muertas, no tenemos futuro. La maldita herencia en materia de feminicidios que dejó el sexenio pasado sobre el actual gobierno es una losa pesada, putrefacta e insostenible que tiene nombre y apellido: DESIGUALDAD VIOLENTA.
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