Desde principios del nuevo milenio, a la fecha, se han documentado más de una veintena de casos contra diversos exgobernadores por realizar actos ilícitos mientras «cumplían con sus funciones».
Dicha lista está encabezada por Mario Villanueva, ex gobernador priista de Quintana Roo (1993-1999), quien fue acusado de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.
De ahí pasamos al 2011, cuando el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue detenido por haber desviado 104 millones de pesos del erario para otorgarse un «supuesto» bono sexenal.
En 2013, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero. Ese mismo año, Jesús Reyna García, el exgobernador interino de Michoacán y secretario de Gobierno fue detenido por la PGR, por presuntos vínculos con «Los Caballeros Templarios».
Mientras que Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, está en espera de que se resuelva el proceso de extradición a Estados Unidos pues enfrenta acusaciones que lo vinculan al narcotráfico.
Pero ya no vayamos más atrás, pues así como estamos tal vez no acabemos. Actualmente Guillermo Padrés, de Sonora, se encuentra recluido en el penal del Altiplano acusado de defraudación fiscal, delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, el veracruzano Javier Duarte, quien fue extraditado de Guatemala, se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, igual, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de dinero, abuso de autoridad, y otras más.
Cuando se habla de «Javidú» me encanta recordar aquel elogio de Peña Nieto hacia el veracruzano: «De niño fue panadero y de adulto se convirtió en gobernador de Veracruz»… Ahora ni lo pela, pobre Duarte.
Pero bueno, sigamos. Actualmente, Roberto Sandoval, de Nayarit, es investigado por dicho país por su relación con su exfiscal, Edgar Veytia, detenido en San Diego por narcotráfico, mientras que en México la PGR lo investiga por presunto enriquecimiento inexplicable.
Ahora bien, la novedad es que el gobierno panameño ha aceptado la extradición de Roberto Borge a México, para que enfrente los procesos penales en su contra por los delitos que presuntamente cometió siendo gobernador de la misma entidad, Quintana Roo. No obstante la defensa de Borge va apelar dicha decisión…
Veamos que prosigue con el exgobernador, pues en el marco de las elecciones de 2018, donde se pondrá en juego la silla presidencial, estos enjuiciamientos toman un valor significativos, además de que éstas se verán más competitivas.
En el Congreso Constituyente de 1824, quedó estipulado que los estados son unidades autónomas bajo un orden común, lo cual es entendido como federalismo, por ello, sus gobiernos tienen cada vez más recursos disponibles para gastar. Debido a esto, los casos de corrupción en los estados de la República mexicana se hacen grotescos y extremos…
La pregunta del millón sería ¿Qué hacen los congresos estatales mientras los gobernadores hacían de las suyas? ¿Dónde están las contralorías?… Tal vez se las comieron los gatos.
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