La declaratoria de la entrada en vigor se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
De esta forma la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República desaparece a la PGR.
La extinción de la Procuraduría General de la república (PGR) es un hecho consumado. Tras la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, que fue publicada por el gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación se dio el primer paso en este cambio de dependencias.
Esto se da días después de que el Senado declarara la Autonomía de la Fiscalía general de la República, firmada por Martí Batres Guadarrama, senador y presidente de la Cámara de Senadores, y Porfirio Muñoz Ledo, diputado y presidente de la Cámara de Diputados.
De esta forma, con lo previsto en el primer párrafo del artículo décimo sexto transitorio del decreto, se derogan, reforman y adicionan las disposiciones constitucionales en materia política-electoral que se publicaron el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.
Se tiene previsto que sea en la segunda semana de enero cuando se elija al fiscal general de la República, lolo que se aprobó el pasado martes la Junta de Coordinación Política del Senado.
Ahora la Comisión de Justicia se dará a la tarea de procesar las solicitudes que le hagan llegar los legisladores, la sociedad civil y cualquier particular que desee presentar sus documentos, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General, quien también determina los requisitos para los candidatos. Posteriormente esta comisión enviará a la Junta de Coordinación Política la lista de mínimo diez candidatos a ocupar el cargo como Fiscal General.
Así, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Mesa Directiva deberán elegir de ese grupo quién ocupará el cargo, dos terceras partes de los presentes deberán coincidir en el resultado o, de lo contrario, se deberá efectuar una segunda votación. Si no se concreta ésta, la Junta de Coordinación Política tendrá que entregar otra lista que se mandará al presidente, quien en un plazo de diez días deberá presentar una terna de finalistas, de la cual se deberá votar por mayoría calificada al primer Fiscal General del país.
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