Una jueza de control dictó prisión preventiva contra dos hombres por el crimen en Grand Viure, donde un niño de seis años sobrevivió oculto e identificó al presunto agresor ante su abuela.
La justicia mexiquense dio un paso decisivo en el esclarecimiento de uno de los crímenes que más han conmocionado a la entidad. Una jueza de control vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable responsabilidad en el asesinato múltiple ocurrido el pasado 1 de septiembre de 2026 en el conjunto residencial Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza.
Durante la prolongada audiencia judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expuso alrededor de 70 datos de prueba que sustentan la premeditación y alevosía en la agresión. En este hecho perdieron la vida el músico Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo; su esposa Ana Paola Barragán (quien tenía cuatro meses de embarazo); su hija Sofía, de tres años; la trabajadora del hogar Aleyda Romero y Nala, la mascota de la familia.
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“Fue el malo de Sebas”: la revelación del niño sobreviviente del multihomicidio en Atizapán
En el desarrollo de las investigaciones trascendió un testimonio clave aportado por el entorno familiar de las víctimas. El hijo de seis años de Jonathan Meléndez identificó al presunto agresor al pronunciar ante su abuela la frase: “Fue el malo de Sebas”. Sin embargo, la representación legal de la familia aclaró que el pequeño todavía no rinde una declaración formal ante el Ministerio Público debido al severo impacto emocional que sufrió.

Por consiguiente, los abogados y autoridades aplazaron la diligencia oficial con el objetivo primordial de evitar la revictimización del menor. El niño permaneció oculto en la vivienda durante la ejecución del ataque y los cuerpos de emergencia lo localizaron con vida horas después. Por esta razón, especialistas en psicología infantil aplicarán protocolos especializados para obtener su testimonio definitivo en condiciones seguras cuando su estado de salud mental lo permita.
Las investigaciones de la FGJEM y la hipótesis del robo de criptomonedas
Asimismo, la representación social reconstruyó minuciosamente la secuencia cronológica de los hechos registrados entre las 17:23 y las 19:43 horas de aquel 1 de septiembre. Diego Sebastián “N” aprovechó su relación previa de amistad y negocios con Jonathan Meléndez para ingresar al fraccionamiento sin levantar sospechas entre el personal de vigilancia.
Una vez en el interior del inmueble, los agresores sometieron a los integrantes de la familia utilizando cinchos de plástico y cinta adhesiva para posteriormente quitarles la vida con disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. De acuerdo con la hipótesis central del Ministerio Público, el móvil principal del ataque consistía en apoderarse de una cartera fría o cold wallet, un dispositivo físico que almacenaba las claves de acceso a una fortuna en bitcoins.
Adicionalmente, los fiscales presentaron grabaciones de las cámaras de videovigilancia y el testimonio del guardia de seguridad del complejo residencial. Un amigo cercano al músico declaró que observó salir del departamento a Diego Sebastián “N”, quien presuntamente lo encañonó con un arma de fuego equipada con silenciador para amenazarlo e impedir que notificara a las autoridades.
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Prisión preventiva para los imputados por homicidio calificado y delitos vinculados
Por su parte, la jueza determinó que existían elementos suficientes para mantener a ambos procesados bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En consecuencia, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecerán internados en el penal de Barrientos mientras concluyen las investigaciones de campo.
Específicamente, la FGJEM formuló imputaciones por tres delitos graves: homicidio calificado múltiple, interrupción del embarazo y maltrato animal. De igual manera, el órgano jurisdiccional fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual los peritos rastrearán las operaciones financieras de criptomonedas y evaluarán la posible participación de más implicados.

No obstante este avance legal, los familiares de las víctimas exigen un castigo ejemplar contra los responsables. A las afueras del juzgado, Álvaro Romero, padre de Aleyda Romero, manifestó su dolor y confió en que los tribunales dicten la pena máxima por un crimen que destruyó por completo a dos familias.
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