El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha emitido un análisis sobre la reforma judicial que pretende eliminar siete órganos autónomos en México, señalando riesgos en áreas críticas como la competitividad económica, la transparencia, la regulación de mercados, y la evaluación de políticas sociales y educativas.
Esta reforma plantea una nueva estructura administrativa en la que varias funciones pasarían al Poder Ejecutivo, generando preocupaciones sobre la autonomía de decisiones y el impacto en la competitividad del país.
Competencia económica y los riesgos de monopolización
Con la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el IMCO advierte sobre la posible falta de imparcialidad en la regulación de los monopolios y la competencia.
Esto podría generar un clima de inversión incierto, además de poner en riesgo el cumplimiento de México con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Regulación de energía e hidrocarburos
El IMCO subraya el peligro de que el Ejecutivo funcione como “juez y parte” en el mercado energético al trasladar las funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a la Secretaría de Energía.
Esto podría limitar la competencia y poner en riesgo el cumplimiento de las disposiciones de neutralidad e imparcialidad del T-MEC.
Transparencia y protección de datos personales
La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un retroceso en términos de rendición de cuentas.
Transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública limitaría el acceso a la información y afectaría el cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos en el T-MEC.
Evaluación de políticas sociales y educativas
La desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) pondría en riesgo la capacidad de evaluar y mejorar las políticas sociales y educativas en México.
Sin una evaluación independiente, sería difícil abordar adecuadamente problemas como la pobreza y la calidad educativa.
Propuestas del IMCO
El IMCO sugiere medidas para garantizar la autonomía técnica y operativa de las funciones que se integren al Ejecutivo, entre ellas, establecer la autonomía de cada órgano y monitorear el cumplimiento del T-MEC.
Con información de medio.
KJCS
