La #LeyDeSeguridadInterior atenta contra el derecho y la protección de datos personales, señalaron las dependencias.
Las controversias se refieren en específico a los artículos 9 y 31, sin embargo, el INAI decidió impugnar los 34 artículos de los que se está compuesta la #LeyDeSeguridadInterior.
En respuesta a la Ley de Seguridad Interior y a las posibles faltas que ésta generaría a la transparencia y al acceso a la información, el Consejo Consultivo del INAI decidió presentar una acción de inconstitucionalidad a dicha ley, en especial contra los artículos 9 y 31.
En primera instancia, el Instituto Nacional de Acceso de a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidió impugnar el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, esto por considerar que se exceden en las facultados del órgano legislador, es decir, todo aquello que él considere información confidencial, no podrá ser revelada.
Al artículo noveno le siguió el número 31, en su caso el INAI consideró que se establecerán restricciones que atentan contra los derechos de acceso a la información, cancelación u oposición de datos personales. No obstante, después de un análisis mayor, el presidente del INAI, Javier Acuña Llamas, informó que se tomó la decisión de impugnar los 34 artículos que contiene la citada ley.
Con este controversia suman ya seis las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Seguridad Interior, pues a las presentadas por la CNDH, senadores, diputados y a una presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX), se presentó una más de esta última dependencia, por considerar que la ley obliga a los organismos autónomos a entregar datos personales, cuestión que atenta contra los derechos humanos.
El titular de la CDH-CDMX, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que la Ley de Seguridad Interior pretende que algunos organismos constitucionalmente autónomos entreguen información y datos personales, sin embargo, al trabajar con el resguardo y la protección de los derechos humanos de las personas, la dependencia capitalina consideró que dichos argumentos atentan contra la labor que ellos realizan. “Esos artículos invaden nuestra competencia y no nos permitirían cumplir con nuestras obligaciones de protección de derechos”, afirmó Ramírez Hernández.
