El viernes pasado fueron detenidos cinco estudiantes; CDH ya investiga.
Manifestantes indican que «tarifazo» es ilegal; el gobernador Alfaro Ramírez asegura que incremento ayudará a dar mejor servicio y fue aprobado el año pasado.
La alza de tarifas al transporte público en Guadalajara provocaron protestas y detenciones por las cuales, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad abrió una carpeta de investigación por presunta violación a la libre manifestación. Las protestas iniciaron el viernes, cuando cinco manifestantes fueron detenidos por la policía estatal; ayer sábado, cerca de 500 personas marcharon en el centro de la ciudad.
Los detenidos eran estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara; fueron liberados el sábado. Videos publicados a través de redes sociales muestran el momento de su detención y, en ellos, se parecía a policías estatales sometiéndolos con violencia y llevándoselos a rastras.
En la protestas de ayer, policías antimotines tuvieron presencia de nueva cuenta, sin embargo no hubo enfrentamientos. Al final, realizaron un mitin en el cual señalaron que las movilizaciones en contra del aumento al costo del transporte público, el cual pasó de 7 a 9.50 pesos en los servicios de Tren Eléctrico, Macrobús, Trolebús y SiTren.
Los manifestantes han invitado a los asistentes a las manifestaciones a tramitar amparos ante este incremento, el cual fue promovido por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Para facilitar la imposición de recursos legales, se puso a disposición de la ciudadanía a través de redes sociales un formato de amparo.
El alcalde de Guadalajara indicó que los jóvenes detenidos tenían cargos por «vandalismo», puesto que no solo se manifestaron en el tren de la ciudad, sino que «golpearon» las puertas del Palacio de Gobierno.
El organismo encargado de la procuración de derechos humanos de Jalisco solicitó al gobernador reconsiderar el aumento de las tarifas, puesto que se vulnera la economía de las familias; en tanto, se abrió la queja de oficio 5760 por la detención de los estudiantes. A ella, se sumó otra interpuesta ante esta misma instancia por parte de uno de los familiares de los jóvenes detenidos.
Alfaro Ramírez defendió el incremento de las tarifas al señalar que con ello mejorará el servicio; abundó en que la tarifa fue autorizada por el Congreso de la entidad desde el año pasado, aunque la iniciativa fue vetada por el entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Es por esto último, que los manifestantes reiteran que se trata de un aumento inconstitucional.
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