Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), denunció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que se tuvo que pagar al crimen organizado para salvaguardar a sus encuestadores.
El hecho delictivo se realizó cuando miembros del Instituto acudían a ciertas zonas del país para levantar las encuestas del Censo Agropecuario 2022. Los delincuentes les pedían un pago a los trabajadores del Inegi a cambio de que pudieran acceder a ciertas zonas.
Pérez Cadena dio a conocer que el crimen organizado secuestró a uno de sus empleados y lo soltó luego de realizar el pago.
Asimismo, se dijo que los delincuentes ponen condiciones para que personal del Inegi pueda realizar su trabajo, tal como no contratar a cualquier persona, sino sólo aquella que sea conocida por la población y los integrantes del crimen organizado, en los lugares donde se realizará la encuesta.
Por lo anterior, la funcionaria aseveró que la inseguridad es el principal problema al momento de levantar el Censo Agropecuario: “Uno de los obstáculos tiene que ver con la inseguridad que encontramos en varias zonas del país, que no es nueva, que todos conocemos y que en las zonas rurales es un poco más evidente”, dijo.
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