En el panorama energético de México, la transición hacia fuentes renovables emerge como un camino esencial para el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, en esta travesía hacia un futuro más limpio y prometedor, el derecho agrario y el análisis territorial se alzan como pilares fundamentales que requieren nuestra atención prioritaria.
El vasto territorio mexicano ofrece un potencial abundante para la generación de energía renovable, con vastas áreas rurales idóneas para la instalación de parques solares y eólicos. Pero detrás de cada panel solar y cada turbina eólica se encuentran complejas relaciones de propiedad y uso de la tierra, reguladas por el derecho agrario.
En México, existen cuatro modalidades o regímenes de propiedad, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 2° y el 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas son la propiedad privada, social, pública y ancestral; esta última pertenece a los pueblos y comunidades indígenas.
El derecho agrario mexicano establece las bases legales para la adquisición de terrenos destinados a proyectos energéticos. La claridad en los procesos de regularización, compra, arrendamiento o servidumbres de tierras rurales es esencial para brindar certeza jurídica a los inversores y desarrolladores, impulsando así la inversión en energías renovables, claro está sin olvidar los derechos de las mujeres y los hombres del campo mexicano.
Además, el derecho agrario regula las relaciones entre los poseedores y propietarios de tierras y las empresas energéticas, a través de contratos de arrendamiento o servidumbre. Estos contratos deben ser equitativos y respetuosos con los derechos de los propietarios, al tiempo que permiten el desarrollo y operación de los proyectos de manera eficiente y rentable.
Por otro lado, el análisis territorial juega un papel crucial en la identificación de áreas propicias para el desarrollo de proyectos energéticos. Considerar la modalidad o régimen de propiedad de la tierra es esencial para comprender los contextos locales y establecer estrategias de negociación efectivas con los propietarios o poseedores de la tierra.
En conclusión, la importancia del derecho agrario y del análisis territorial en el desarrollo de proyectos de energías renovables en México es innegable. Partir de un diagnóstico preciso de la modalidad o régimen de la propiedad garantiza un enfoque estratégico y equitativo, sentando así las bases para una transición energética exitosa hacia un México más sustentable y próspero.
