A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, para que sean buscados en más de 190 países.
Gómez Mont y Álvarez Puga son acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, por lo ya se efectúa el rastreo de su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.
Ante esto, a través de las redes sociales, la conductora aseguró que la acusación en su contra era falsa.
Además de los mencionados, el juez de control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró órdenes para detener a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
Para ello, la FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.
Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.
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